El alquiler vacacional en las Islas Verdes volvió al centro del debate político tras la petición del diputado de Coalición Canaria por La Palma, Jonathan Felipe, de aprobar un Decreto-Ley que ofrezca seguridad jurídica a los propietarios durante el periodo de adaptación a la nueva normativa autonómica.
La propuesta surge después de que PSOE y Nueva Canarias rechazaran una iniciativa presentada por los nacionalistas durante la tramitación parlamentaria de la Ley para la agilización y simplificación de licencias urbanísticas.
El alquiler vacacional en las Islas Verdes necesita una regulación transitoria, según Coalición Canaria
Jonathan Felipe defendió que el futuro Decreto-Ley debe establecer unos requisitos mínimos que permitan mantener la actividad mientras los propietarios adaptan sus viviendas a las nuevas exigencias legales.
Según explicó, esta medida resulta especialmente importante para las denominadas Islas Verdes, donde buena parte de la oferta turística se desarrolla en viviendas unifamiliares aisladas y constituye un elemento clave para la economía local.
El diputado recordó que La Palma continúa inmersa en el proceso de recuperación tras la erupción volcánica de 2021, que provocó la pérdida de numerosas viviendas destinadas al alquiler vacacional y afectó de forma directa al sector turístico.
A su juicio, la isla no puede permitirse perder plazas alojativas mientras se completa la adaptación a los nuevos estándares de calidad.
La propuesta presentada por Coalición Canaria contemplaba un procedimiento transitorio basado en requisitos básicos, como la presentación de un plano de situación de la vivienda, fotografías del inmueble y la acreditación de la autorización o declaración responsable correspondiente.
Asimismo, planteaba que las viviendas ya en funcionamiento acreditaran medidas de protección contra incendios y, en el caso de disponer de piscina, el cumplimiento de las condiciones de seguridad y tratamiento del agua.
La iniciativa también incluía una moratoria de cinco años para que los propietarios pudieran adaptar completamente sus inmuebles a la normativa reguladora de la actividad.
El alquiler vacacional en las Islas Verdes forma parte de la recuperación de La Palma
Jonathan Felipe recordó que la legislación autonómica aprobada tras la erupción del volcán reconoce el derecho de las familias afectadas a reconstruir viviendas destruidas por las coladas, incluidas aquellas destinadas al alquiler vacacional cuando contaban con una situación legal o asimilada a la legalidad.
Además, señaló que la normativa específica para la recuperación del Valle de Aridane contempla la restitución de los usos turísticos preexistentes.
Por ello, el diputado considera necesario que el Gobierno de Canarias apruebe un Decreto-Ley que aporte seguridad jurídica y permita mantener la actividad turística durante el periodo de adaptación normativa.
Coalición Canaria sostiene que esta medida contribuiría a preservar la oferta alojativa en islas como La Palma y favorecería la recuperación económica del territorio sin renunciar al cumplimiento progresivo de los nuevos requisitos de calidad.
