La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha denunciado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible deja fuera a la isla de la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima entre Canarias y la península. El Gobierno central considera que esta conexión solo debe garantizarse con las islas capitalinas.
La decisión afecta a la conexión marítima de Fuerteventura con la península, después de que la empresa adjudicataria eliminara la escala en la isla al no formar parte de las condiciones obligatorias del contrato.
La conexión marítima de Fuerteventura queda fuera de la obligación de servicio público
La presidenta insular recibió la respuesta oficial de la Dirección General de la Marina Mercante este jueves. En el documento, el Ministerio explica que la parada en Fuerteventura se realizaba como una mejora ofrecida por la empresa concesionaria y no como una exigencia de la licitación.
Al no existir esa obligación contractual, la compañía ha decidido suprimir la escala en la isla majorera.
Lola García considera que esta decisión perjudica gravemente a Fuerteventura y cuestiona que el Estado permanezca al margen de una situación que afecta a un servicio que considera esencial.
«No parece razonable que el Estado permanezca impasible mientras una decisión empresarial altera un servicio esencial para nuestra isla. Mucho menos que ahora se nos diga que la conexión con Fuerteventura no es de interés público», afirmó la presidenta.
La responsable del Cabildo recordó que tanto la institución insular como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Parlamento de Canarias habían trasladado en varias ocasiones su preocupación por la pérdida de esta conexión directa.
Según García, esas reclamaciones no han obtenido respuesta por parte del Ministerio.
El Cabildo advierte del impacto económico para la isla
La presidenta subrayó que Fuerteventura ya soporta las dificultades derivadas de la doble insularidad. A su juicio, perder la conexión directa con la península aumenta esa desventaja.
Los primeros estudios, indicó, apuntan a que los costes del transporte pueden incrementarse en más de un 70 % al depender de enlaces a través de Gran Canaria.
Ese aumento de los costes repercute en el precio final de los productos, reduce la competitividad de las empresas y afecta a la economía de las familias majoreras.
«Fuerteventura no pide un privilegio. Exige el mismo trato que cualquier territorio cuando está en juego un servicio esencial para su población», señaló.
El Cabildo anuncia nuevas iniciativas para recuperar la conexión
El Cabildo de Fuerteventura ha comunicado al Ministerio que continuará impulsando todas las acciones administrativas, institucionales y parlamentarias que sean necesarias para recuperar este enlace marítimo.
Lola García considera que la realidad demográfica, económica y social de la isla justifica plenamente que la conexión forme parte de la Obligación de Servicio Público.
La presidenta concluyó que el Cabildo mantendrá esta reivindicación porque la considera estratégica para garantizar la conectividad, favorecer el desarrollo económico y responder a las necesidades actuales y futuras de Fuerteventura.
