Jessica de León propone al Cabildo liderar un frente común para exigir al Estado que declare la línea como Obligación de Servicio Público.

El Partido Popular de Fuerteventura ha propuesto crear un frente común para defender la línea marítima entre Puerto del Rosario y Cádiz. La presidenta insular del PP, Jessica de León, ha remitido una carta a la presidenta del Cabildo, Lola García, en la que solicita reunir a administraciones, partidos políticos, agentes económicos y sociales para reclamar al Gobierno de España la declaración de esta conexión como Obligación de Servicio Público (OSP).

La propuesta llega tras confirmarse la desaparición de la conexión directa con Cádiz. El PP considera que esta decisión perjudica la conectividad de Fuerteventura y tendrá consecuencias para la economía y la igualdad de oportunidades de la isla.

La línea marítima entre Puerto del Rosario y Cádiz centra la petición de unidad institucional

Jessica de León defiende que la pérdida de esta conexión afecta a toda la isla y pide una respuesta conjunta.

«Estamos ante un asunto que está por encima de cualquier diferencia política. La defensa de las comunicaciones de Fuerteventura debe unirnos a todos. No podemos resignarnos a perder una conexión estratégica para nuestra isla».

La presidenta insular también criticó la actuación del Gobierno central.

«El Gobierno de Sánchez se olvida de Canarias y lo pagamos los ciudadanos. No sirve de nada que un canario esté en el Consejo de Ministros si únicamente usa su silla para hacer oposición a Canarias».

El Partido Popular recuerda que fue la primera formación en alertar públicamente sobre la desaparición de la línea y en reclamar que el Estado garantizara su continuidad mediante una Obligación de Servicio Público.

Además, la formación presentó una moción en el Cabildo de Fuerteventura para solicitar esa declaración. La Corporación aprobó la iniciativa por unanimidad y la convirtió en una declaración institucional.

El PP advierte de las consecuencias económicas para Fuerteventura

El diputado regional Fernando Enseñat trasladó esta reivindicación al Parlamento de Canarias. Allí pidió al Gobierno autonómico que intensifique las gestiones ante el Estado para garantizar la continuidad de la conexión marítima con la Península.

Durante el debate, Enseñat aseguró que la desaparición de la línea supondría «un nuevo castigo para Fuerteventura». También defendió que el enlace con Cádiz reúne las condiciones necesarias para convertirse en una Obligación de Servicio Público.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró varias preguntas dirigidas al Ministerio de Transportes. Entre ellas, solicita conocer si el Gobierno tiene previsto declarar la línea como OSP y qué medidas adoptará para mantener una conexión marítima estable con la Península.

El PP también criticó la actuación de la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández. Según Fernando Enseñat, la representante socialista anunció que el Gobierno garantizaría la continuidad del servicio, aunque finalmente la conexión ha desaparecido.

El PP propone una reunión de todas las instituciones para defender la conexión

La formación considera que la pérdida de esta línea va más allá del transporte de pasajeros. A su juicio, también afectará al abastecimiento de mercancías, materiales de construcción, vehículos, productos agroalimentarios y bienes de consumo.

Además, sostiene que las empresas y las familias asumirán mayores costes logísticos. El desvío de mercancías mediante otras islas aumentará los tiempos de transporte y agravará la doble insularidad que soporta Fuerteventura.

Jessica de León asegura que esta situación reducirá la competitividad del tejido empresarial majorero y encarecerá el coste de la vida.

Por ello, la presidenta insular propone que el Cabildo convoque una reunión con los ayuntamientos, la Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, sindicatos, representantes políticos y diputados regionales para consensuar una posición única ante el Ministerio de Transportes.

La dirigente popular concluye que la defensa de la conectividad marítima debe convertirse en una reivindicación compartida por toda la isla, al entender que afecta al desarrollo económico y a la igualdad de oportunidades de Fuerteventura.