El PP de Canarias celebró la sentencia del Tribunal Supremo que anula el registro único estatal de viviendas vacacionales impulsado por el Gobierno central. La formación considera que la decisión supone un respaldo a las competencias autonómicas y a la gestión turística del Archipiélago.
David Morales, secretario ejecutivo de Turismo del PP autonómico, aseguró que la resolución representa “un nuevo éxito para Canarias”. Además, defendió que el Ejecutivo regional llevaba más de un año advirtiendo sobre la invasión competencial del decreto estatal.
Según explicó Morales, la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León, alertó desde el inicio de que el Real Decreto 1312/2024 se aprobó sin consultar a las comunidades autónomas.
El dirigente popular recordó que el Alto Tribunal concluyó que el Estado no puede imponer un registro nacional que se superponga a los sistemas autonómicos ya existentes. También destacó que la normativa europea utilizada como argumento por el Gobierno central no obligaba a crear un modelo centralizado.
El registro vacacional en Canarias generó inseguridad jurídica para miles de propietarios
Morales afirmó que Canarias nunca rechazó el intercambio de datos previsto en la Ventanilla Única Digital. Sin embargo, criticó que el Ejecutivo estatal utilizara la regulación europea para recentralizar competencias turísticas.
El responsable popular señaló además que el decreto provocó consecuencias directas en las Islas. Según indicó, miles de pequeños propietarios fueron expulsados de plataformas digitales pese a cumplir los requisitos autonómicos vigentes.
“El problema de la vivienda no se resuelve atacando al alquiler vacacional”, sostuvo Morales. También aseguró que muchos propietarios han retirado inmuebles del mercado residencial por temor a la ocupación ilegal y por la inseguridad derivada de la actual Ley estatal de Vivienda.
El PP defiende una regulación turística compatible con el acceso a la vivienda
El PP puso en valor la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas aprobada por el Parlamento de Canarias. Morales defendió que esa norma busca ordenar el sector y hacerlo compatible con el derecho a la vivienda.
El dirigente popular reclamó responsabilidades al Gobierno de España por los perjuicios generados tras la aplicación del decreto anulado. Además, insistió en que Canarias ha vuelto a defender con éxito sus competencias frente a decisiones “impuestas desde Madrid”.
La sentencia supone ahora un nuevo escenario para la regulación turística en las Islas. El debate sobre el alquiler vacacional continuará en el centro de la agenda política y económica del Archipiélago durante los próximos meses.
