El Gobierno de Canarias ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una respuesta urgente para garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en las islas. El Ejecutivo autonómico pide que antes del 31 de mayo quede aprobada la resolución estatal necesaria para justificar y liquidar estas ayudas.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad advierte de que el retraso administrativo pone en riesgo la correcta justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a financiar la bonificación del 100 % del transporte terrestre colectivo en Canarias.
La reclamación fue trasladada por la Dirección General de Transportes y Movilidad, dirigida por María Fernández, en un escrito remitido a la directora general de Estrategias de Movilidad del Estado, Lucía Martínez Rivero.
La gratuidad del transporte público en Canarias depende de una resolución estatal urgente
La directora general de Transportes y Movilidad aseguró que la medida ha tenido un “enorme impacto social” en las islas. Fernández defendió que el sistema necesita seguridad jurídica y administrativa para evitar problemas financieros en los cabildos insulares.
Según explicó, Canarias ha mantenido una actitud de colaboración institucional, aunque considera imprescindible contar con garantías claras para cerrar el procedimiento dentro de los plazos establecidos.
El Ejecutivo autonómico recuerda que la nueva resolución estatal incorpora exigencias adicionales que no figuraban en la concesión aprobada en diciembre de 2025. Esta situación genera incertidumbre administrativa en pleno proceso de justificación por parte de los cabildos.
Además, el Gobierno subraya que el modelo canario de transporte terrestre depende de la gestión descentralizada de los siete cabildos insulares. Esta singularidad obliga a coordinar documentación y trámites entre diferentes administraciones y operadores, aumentando la carga burocrática respecto a otros territorios.
Fernández también alertó de que los cabildos están adelantando recursos propios para sostener la gratuidad del transporte público mientras el Estado resuelve el expediente. Según indicó, muchos de esos costes ya superan la financiación prevista inicialmente.
La directora general añadió que todavía no existen créditos habilitados por parte del Estado para abonar los 42 millones correspondientes a 2025 ni los fondos previstos para 2026.
El Gobierno de Canarias insiste en mantener una cooperación leal con el Ministerio, aunque reclama máxima rapidez para evitar riesgos sobre la financiación estatal y garantizar la estabilidad del sistema de transporte público en las islas.
