El escrito denuncia la falta de impulso en una petición sobre recortes salariales. Solicita supervisión para garantizar el derecho de petición.
Un funcionario del Cabildo de Fuerteventura ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para reclamar la activación de un expediente administrativo. La acción se centra en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de petición ante la Administración del Estado.
El denunciante, Miguel Ángel Socorro Perdomo, registró el pasado 27 de abril una solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública. La petición se ampara en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/2001.
Según expone en su escrito, la solicitud fue correctamente registrada y derivada a la Oficina de Asistencia en Materia de Registros. Sin embargo, asegura que no se han producido avances en la tramitación del expediente.
La reclamación al Defensor del Pueblo denuncia falta de tramitación efectiva en un expediente estatal
El funcionario sostiene que no se ha identificado el órgano competente ni se han iniciado actuaciones sustantivas. Considera que esta situación puede comprometer la efectividad del derecho fundamental ejercido.
Aunque el plazo legal de tres meses aún no ha finalizado, el escrito insiste en que la Administración debe actuar desde el inicio. En este sentido, reclama impulso de oficio y una tramitación real.
La petición original se basa en la pérdida de fundamento del Real Decreto-ley 8/2010. Esta norma introdujo recortes salariales durante la crisis económica.
El denunciante argumenta que la situación excepcional que justificó esas medidas ya ha sido superada. Por ello, plantea la restitución íntegra de las cantidades recortadas en pagas extraordinarias.
El documento incluye una cuantificación detallada de las pérdidas económicas por categorías profesionales. Según los datos aportados, estas minoraciones se han mantenido durante más de una década.
Además, se adjunta una reclamación previa presentada en 2025 por representantes del Cabildo. En ella ya se solicitaba la recuperación de estos derechos retributivos.
El escrito también advierte sobre la reiteración de esta situación sin respuesta efectiva. Por ello, solicita la intervención del Defensor del Pueblo para supervisar el procedimiento.
Entre las peticiones, se incluye recabar información sobre el estado del expediente. También se pide instar a la Administración a evitar retrasos y garantizar una resolución motivada.
El compareciente plantea incluso la posible relevancia constitucional del caso. Considera que podría afectar a la tutela del derecho de petición.
La actuación se presenta con carácter preventivo. No obstante, deja abierta la posibilidad de emprender acciones legales según evolucione el expediente.
