El Parlamento de Canarias ha respaldado una Proposición No de Ley impulsada por Coalición Canaria para exigir al Estado una financiación universitaria acorde con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La iniciativa fue defendida por la diputada Vidina Espino durante el Pleno de la Cámara.
La propuesta persigue garantizar una financiación suficiente y estable para las universidades públicas del Archipiélago. Además, busca avanzar hacia el objetivo fijado por la LOSU, que establece una inversión pública universitaria equivalente al 1% del Producto Interior Bruto antes de 2030.
Durante su intervención, Espino destacó que las universidades públicas en Canarias desempeñan un papel estratégico para el desarrollo económico y social de las Islas. Según explicó, estas instituciones son fundamentales para impulsar la investigación, la innovación y la generación de oportunidades para los jóvenes.
La parlamentaria nacionalista recordó que la legislación estatal reconoce la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación sostenible. Sin embargo, advirtió de que todavía existe incertidumbre sobre cómo se aplicará el mandato recogido en la LOSU.
Por este motivo, la iniciativa solicita al Gobierno de España que reactive la comisión de trabajo encargada de desarrollar el artículo 55 de la ley. Según señaló la diputada, este órgano permanece paralizado desde octubre de 2025.
Las universidades públicas en Canarias reclaman estabilidad financiera para planificar su futuro
La Proposición No de Ley también plantea consolidar un modelo de financiación plurianual para las universidades canarias. El objetivo es aportar estabilidad económica y facilitar la planificación de inversiones a medio y largo plazo.
Además, la propuesta fija como prioridad que este sistema alcance su plena operatividad a partir del ejercicio 2027. De esta forma, las instituciones académicas podrían reforzar la calidad docente, impulsar la investigación y mejorar su capacidad de internacionalización.
Vidina Espino defendió que cualquier debate sobre financiación universitaria debe contemplar las características específicas de Canarias. En este sentido, recordó que la condición de región ultraperiférica, insular y fragmentada genera costes adicionales para el funcionamiento del sistema universitario.
Según explicó, mantener dos universidades públicas en un territorio como el canario implica sobrecostes estructurales que deben ser reconocidos en cualquier modelo estatal de financiación.
Por otro lado, la diputada criticó la postura del Partido Socialista. A su juicio, el Estado no puede trasladar la mayor parte del esfuerzo económico a las comunidades autónomas. Asimismo, reprochó a Nueva Canarias su falta de exigencia al Gobierno central para cumplir los compromisos recogidos en la ley.
Espino insistió en que invertir en educación superior supone apostar por el talento, la innovación y la competitividad. Además, afirmó que las universidades representan una herramienta esencial para diversificar la economía y afrontar los desafíos futuros del Archipiélago.
La iniciativa también propone impulsar un gran acuerdo institucional y social que involucre al Gobierno de Canarias, al Estado, a las universidades, a los consejos sociales y a los agentes económicos y sociales.
Para la diputada nacionalista, reforzar la universidad pública significa generar más oportunidades para la ciudadanía y fortalecer el futuro de Canarias a través del conocimiento y la formación.






