Drago La Palma rechazó las declaraciones del presidente del Cabildo insular, Sergio Rodríguez, sobre la necesidad de flexibilizar la normativa del alquiler vacacional en la Isla. La organización considera que la prioridad debe centrarse en garantizar viviendas para residentes y no en ampliar las camas turísticas.

La vivienda vacacional en La Palma volvió al centro del debate político tras las palabras del presidente insular, quien defendió este modelo como “la fórmula más rápida” para aumentar la oferta alojativa y estimular la economía.

Desde Drago La Palma, la portavoz Sara Hernández calificó de “profundamente irresponsable” apostar por el crecimiento del alquiler vacacional mientras persiste una emergencia habitacional en la Isla.

“Cuando tu prioridad en plena emergencia habitacional es que siga creciendo el alquiler vacacional, queda bastante claro desde qué realidad se está gobernando y a quién se está escuchando”, afirmó Hernández.

La vivienda vacacional en La Palma reduce la oferta residencial para trabajadores y jóvenes

Según los datos expuestos por Drago La Palma, la Isla incorporó más de 800 nuevas viviendas vacacionales durante los últimos cinco años. La formación sostiene que muchas de esas propiedades dejaron de destinarse al alquiler residencial.

Además, recuerda que el precio del alquiler aumentó alrededor de un 30 % en ese mismo periodo, dificultando el acceso a una vivienda digna para jóvenes, familias y profesionales esenciales.

“Mientras el presidente habla de alcanzar entre 25.000 y 30.000 camas turísticas, la realidad es que hay personas trabajadoras que no encuentran dónde vivir”, denunció Hernández.

La portavoz añadió que este modelo favorece la conversión de viviendas en activos de inversión turística y alertó sobre la concentración de inmuebles en manos de grandes propietarios. En municipios como Tazacorte, aseguró, cerca del 16 % de las viviendas pertenecen a grandes tenedores.

Drago La Palma pide limitar nuevas viviendas vacacionales en zonas saturadas

La organización considera que las administraciones públicas ya cuentan con herramientas legales suficientes para intervenir en el mercado residencial y contener el incremento de precios.

En este sentido, Drago La Palma defendió la declaración de municipios como zonas de mercado residencial tensionado. También reclamó una mayor implicación del Cabildo para perseguir la oferta ilegal y coordinar medidas insulares que regulen el crecimiento de la actividad turística vinculada a la vivienda.

Asimismo, la formación pidió apoyar técnica y económicamente a los ayuntamientos para decidir dónde se puede implantar la vivienda vacacional y bajo qué condiciones.

Hernández insistió en que la situación posterior a la erupción volcánica exige medidas adaptadas a la realidad social de la Isla. “No se puede construir proyecto de futuro alguno para La Palma apartando a su población del acceso a la vivienda”, concluyó.