El Gobierno de Canarias considera que la anulación del registro estatal único de alquiler vacacional por parte del Tribunal Supremo confirma las advertencias realizadas durante el último año sobre la inseguridad jurídica de la norma impulsada por el Estado.

La Consejería de Turismo y Empleo sostiene que el sistema generaba duplicidades administrativas, invadía competencias autonómicas y provocaba incertidumbre entre propietarios y operadores turísticos.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que la sentencia confirma que el modelo estatal “era injusto y desproporcionado”.

El registro turístico en Canarias generó dudas legales y colapso administrativo

Según el Ejecutivo autonómico, la resolución del Tribunal Supremo respalda uno de los principales argumentos defendidos previamente por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Canarias mantenía que el reglamento europeo no obligaba a implantar un registro estatal único ni modificaba el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

La comunidad autónoma advirtió además de la falta de claridad sobre los requisitos exigidos a propietarios y alojamientos turísticos.

También señaló las dificultades derivadas de la coordinación entre la futura ventanilla estatal y los sistemas autonómicos ya existentes.

Según expuso el Gobierno canario, tanto cabildos insulares como representantes del sector turístico alertaron del posible colapso administrativo generado por la doble inscripción exigida por el Estado.

Miguel Ángel Rodríguez afirmó que la Consejería recibe la sentencia “con satisfacción, pero no con alegría”, ya que considera que la falta de diálogo provocó incertidumbre y perjuicios económicos a miles de pequeños propietarios.

Canarias reclama diálogo y respeto competencial en la regulación del alquiler vacacional

El Ejecutivo autonómico sostiene que el real decreto afectaba especialmente a municipios rurales, zonas de medianías y territorios afectados por el reto demográfico.

Rodríguez recordó que muchos propietarios debían afrontar elevados costes económicos para completar las inscripciones registrales exigidas por la normativa estatal.

Además, manifestó preocupación por aquellos titulares que vieron revocados sus números provisionales o fueron señalados públicamente como si desarrollaran actividades ilegales.

“La ausencia de un número estatal de registro no convierte ni la actividad ni el inmueble en ilegal”, subrayó el director general.

El Gobierno canario insiste en que comparte la necesidad de ordenar el alquiler vacacional. De hecho, recuerda que impulsa actualmente la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y ha participado en reuniones técnicas convocadas por el Ministerio de Vivienda.

No obstante, la Consejería considera que cualquier regulación debe construirse desde el consenso y el respeto a las competencias autonómicas, especialmente en territorios turísticos como Canarias.

Miguel Ángel Rodríguez pidió finalmente que el Gobierno de España abra una nueva etapa de diálogo y rigor jurídico para evitar normativas que generen inseguridad y cargas administrativas innecesarias.