El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha desestimado los recursos presentados por las compañías energéticas Naturgy Renovables y DISA Generación contra las liquidaciones del canon por aprovechamiento en suelo rústico. Las resoluciones municipales confirman pagos superiores a 2,7 millones de euros por el uso de terrenos destinados a instalaciones energéticas.
El canon energético en Puerto del Rosario afecta concretamente a importes de 1.103.872 euros en el caso de Naturgy y 1.683.025 euros en el de DISA. El Consistorio sostiene que ambas empresas deben contribuir económicamente por desarrollar actividades lucrativas en suelo rústico del municipio.
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, defendió la legalidad de las resoluciones y aseguró que estas medidas garantizan una gestión “responsable y justa” de los recursos públicos.
Según explicó el regidor, el aprovechamiento privado del suelo debe revertir directamente en la mejora de infraestructuras y servicios públicos para la ciudadanía del municipio.
Las empresas alegaban que sus proyectos energéticos estaban autorizados mediante procedimientos especiales vinculados al interés general y, por tanto, consideraban que no debían abonar este canon municipal. En el caso de DISA, el recurso también hacía referencia a la planta de emergencia energética Mezque.
Sin embargo, las resoluciones municipales concluyen que dichos procedimientos agilizan autorizaciones administrativas, pero no eliminan las obligaciones urbanísticas y económicas previstas en la normativa canaria.
El canon energético en Puerto del Rosario se apoya en la Ley del Suelo de Canarias
El concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, destacó que las decisiones municipales cuentan con respaldo técnico y jurídico basado en la Ley del Suelo de Canarias.
El Ayuntamiento sostiene que la instalación de parques eólicos y plantas de generación constituye un aprovechamiento de suelo rústico realizado por entidades privadas, circunstancia contemplada en la legislación autonómica vigente.
Las resoluciones también remarcan la diferencia entre proyectos promovidos directamente por administraciones públicas y actividades impulsadas por empresas privadas con ánimo de lucro, aunque estén vinculadas al interés general.
El Consistorio entiende que las exenciones previstas en la ley solo afectan a infraestructuras públicas promovidas directamente por administraciones, como hospitales o carreteras, y no a compañías privadas del sector energético.
Además, el Ayuntamiento rechaza cualquier defecto de forma en los procedimientos y asegura que las empresas pudieron ejercer plenamente su derecho a recurrir.
Con estas resoluciones, Puerto del Rosario reafirma su estrategia de control y fiscalización sobre el uso del territorio municipal, defendiendo que las actividades económicas privadas contribuyan de forma proporcional a la sostenibilidad y financiación de los servicios públicos.
