El conflicto por las oposiciones en Puerto del Rosario se agrava tras varias resoluciones judiciales. La situación ha reactivado las críticas políticas y las sospechas sobre la gestión municipal.

La anulación de procesos selectivos en el Ayuntamiento ha colocado de nuevo a la capital majorera en el foco. Las resoluciones judiciales no solo invalidan oposiciones, sino que también obligan al consistorio a asumir el pago de costas. Este escenario refuerza las dudas sobre la gestión de recursos públicos.

A este contexto se suman otros expedientes ya en manos de los juzgados. En ellos, se ha requerido información a la Concejalía de Personal para aclarar el desarrollo de varios procedimientos. La presión judicial crece en paralelo a las denuncias de opositores.

Según ha trascendido, varios aspirantes han acudido a Fiscalía. Señalan actuaciones que consideran dudosas desde el punto de vista legal y ético. Las críticas afectan tanto a decisiones administrativas como al funcionamiento de algunos tribunales calificadores. En ciertos procesos, incluso se han producido renuncias de miembros en pleno desarrollo.

La polémica por las oposiciones en Puerto del Rosario se intensifica con nuevas denuncias y presión judicial

La portavoz de Fuerteventura Avanza, Peña Armas, ha mostrado su preocupación por la situación. Asegura que el problema ya no responde a errores aislados. “Se trata de un patrón alarmante que cuestiona la limpieza de las oposiciones”, afirmó.

Armas subrayó que la intervención de la Justicia marca un punto de inflexión. También destacó que la petición de explicaciones por parte de los juzgados y las denuncias en Fiscalía agravan el escenario. “No hablamos de incidencias administrativas. Hablamos de una gestión que pone en riesgo la igualdad y el mérito”, añadió.

Desde la formación política apuntan al contexto preelectoral. Consideran que el grupo de gobierno actúa con prisas. Además, advierten de una posible intención de influir en procesos que deben ser independientes.

La portavoz fue clara en su mensaje. Defendió que el empleo público no puede usarse con fines políticos. “Las plazas son de todos los vecinos, no del gobierno”, recalcó.

Fuerteventura Avanza exige medidas inmediatas. Reclama la comparecencia de la responsable de Personal. También solicita una auditoría completa de los procesos selectivos del mandato. A esto suma la necesidad de reforzar la transparencia en futuras convocatorias.

El clima político en el municipio se tensiona. Cada resolución judicial y cada nueva denuncia aumentan la presión sobre el Ayuntamiento. La credibilidad institucional queda en entredicho mientras crece la preocupación ciudadana.