El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por Dehesa de Jandía SA, sociedad vinculada al grupo empresarial Lopesan, dentro del largo conflicto judicial relacionado con el desarrollo urbanístico del SUP-3 de Morro Jable, en el municipio de Pájara.
La sentencia, dictada el pasado 6 de mayo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en Las Palmas de Gran Canaria, confirma íntegramente una resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 y rechaza las pretensiones planteadas por la mercantil.
El fallo supone un nuevo revés judicial para la compañía ligada al empresario Eustasio López, fundador y principal accionista de Lopesan, uno de los grupos turísticos más importantes de Canarias.
El conflicto urbanístico en Morro Jable sigue enfrentando a Dehesa de Jandía y al Ayuntamiento de Pájara
La disputa judicial está relacionada con la ejecución de una sentencia previa vinculada al expediente de expropiación del Sector 3 del SUP de Morro Jable.
Dehesa de Jandía sostenía que el Ayuntamiento de Pájara seguía incluyendo dentro del expediente determinados terrenos que, según la empresa, ya tenían consideración de suelo urbano desde el Plan General de Ordenación de 1989 y que, por tanto, no debían formar parte de la expropiación.
Entre los terrenos afectados figuraba una parcela destinada a sistema general sanitario situada junto a la carretera FV-2. La mercantil defendía que esa parcela estaba perfectamente delimitada tanto física como catastralmente.
La empresa solicitaba al tribunal que ordenara al Ayuntamiento modificar parcialmente el acta complementaria de ocupación y pago para excluir esos suelos del procedimiento expropiatorio.
El TSJC rechaza la estrategia procesal utilizada por la empresa vinculada a Lopesan
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que la vía utilizada por la empresa no era la adecuada.
Según recoge la sentencia, Dehesa de Jandía no solicitó formalmente la nulidad absoluta del acto administrativo, sino únicamente una rectificación parcial del acta complementaria, algo que los magistrados consideran incompatible con el procedimiento de ejecución de sentencia utilizado en este caso.
Además, el tribunal recuerda que ya existía una resolución judicial previa favorable parcialmente a la empresa.
Esa sentencia, emitida en 2022 y confirmada posteriormente por el propio TSJC, declaró que el acta complementaria de ocupación y pago de junio de 2020 no era conforme a derecho “en cuanto a la inclusión en el objeto de la expropiación de terrenos que no forman parte del SUP-3 Morro Jable”.
A raíz de aquella resolución, el Ayuntamiento debía excluir esos terrenos del expediente urbanístico. Sin embargo, el nuevo conflicto surgió durante la fase de ejecución de la sentencia.
El conflicto del SUP-3 de Morro Jable todavía puede llegar al Tribunal Supremo
La Sala subraya además que, cuando una parte considera que la Administración intenta eludir el cumplimiento de una sentencia firme, la vía correcta pasa por solicitar directamente la nulidad absoluta de los actos administrativos y no simples correcciones parciales.
Para sostener este criterio, el TSJC cita además jurisprudencia del Tribunal Supremo relacionada con la tutela judicial efectiva y los mecanismos legales destinados a impedir maniobras administrativas para esquivar resoluciones firmes.
Finalmente, el tribunal desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por Dehesa de Jandía y confirma la resolución anterior del juzgado.
Además, impone las costas procesales a la sociedad apelante con un límite máximo de 600 euros.
La sentencia todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si existiera interés casacional objetivo.
