El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha dado un paso clave frente a la crisis habitacional. El pleno aprobó por unanimidad una moción para impulsar la incorporación de viviendas estatales al parque público municipal, una medida que marca el inicio de nuevas vías para aumentar la oferta de vivienda asequible.
La iniciativa, promovida por Drago Verdes Canarias, plantea realizar un análisis técnico y jurídico exhaustivo de los inmuebles gestionados por entidades estatales como SAREB y CASA 47, anteriormente conocida como SEPES.
El objetivo es claro: identificar qué viviendas pueden movilizarse de forma inmediata o con una rehabilitación rápida, evitando así largos plazos que retrasen su uso social.
Viviendas públicas La Laguna con análisis previo de viabilidad
El acuerdo establece que será el Gobierno de Canarias quien lidere este análisis en toda la comunidad autónoma, con especial atención al municipio lagunero. Se evaluará la situación jurídica, el estado de conservación y la viabilidad técnica de cada inmueble.
A partir de esos resultados, se impulsarán acuerdos de colaboración entre administraciones para poner en uso aquellas viviendas aptas, destinándolas a alquiler asequible o vivienda protegida.
Además, el texto aprobado insiste en la necesidad de actuar con realismo. Solo se priorizarán aquellos inmuebles que puedan incorporarse al mercado en el corto plazo, evitando generar expectativas que luego no se cumplan.
Viviendas públicas La Laguna con gestión municipal activa
Otro de los puntos destacados es el papel que jugarán entidades locales como MUVISA. Estas podrán asumir tareas de gestión, intermediación y puesta a disposición de las viviendas, siempre bajo criterios de interés social.
La moción también incluye una petición al Estado para que continúe ampliando el parque público de vivienda. Entre las medidas propuestas se encuentran la promoción de vivienda protegida, la movilización de viviendas vacías y el desarrollo de suelo público para alquiler asequible.
Desde Drago Verdes Canarias señalan que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para frenar la emergencia habitacional en el archipiélago. Ahora, tras la aprobación, el reto pasa a la ejecución efectiva de estas medidas por parte de las instituciones implicadas.
