La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias valoró de forma positiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la consulta pública de la ley de vivienda vacacional.
La resolución judicial, fechada el 6 de mayo de 2026, da por finalizado el recurso presentado contra el proceso participativo de la futura normativa.
El tribunal concluye que durante la consulta pública se facilitó toda la información solicitada por las partes implicadas.
Además, la sentencia señala que no se aprecian incongruencias ni inexactitudes en el procedimiento desarrollado por el Ejecutivo autonómico.
El proceso incluyó más de 5.000 aportaciones ciudadanas relacionadas con la regulación del uso turístico de viviendas en Canarias.
La normativa fue aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de diciembre de 2025.
La ley de vivienda vacacional en Canarias supera el recurso judicial
Durante la tramitación de la ley se cuestionó el procedimiento de consulta pública.
Entre las peticiones planteadas figuraba la realización de una segunda consulta pública previa.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que no era necesario repetir el procedimiento.
La sentencia sostiene que el proceso se desarrolló con normalidad y con todas las garantías legales.
Además, el fallo judicial no aprecia irregularidades en la gestión de la consulta pública.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que el pronunciamiento respalda la transparencia y el rigor técnico aplicado durante la tramitación.
Canarias defiende la participación ciudadana en la regulación turística
El Gobierno de Canarias considera que esta resolución judicial refuerza el modelo de trabajo desarrollado durante la elaboración de la ley.
Desde la Consejería de Turismo y Empleo subrayan la importancia de la participación ciudadana en asuntos vinculados al modelo turístico del Archipiélago.
La regulación de la vivienda vacacional ha generado un amplio debate social y político en Canarias durante los últimos años.
El Ejecutivo autonómico mantiene que la normativa busca ordenar el uso turístico de viviendas desde criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial.
La sentencia supone además un respaldo institucional al procedimiento seguido durante la fase de consulta pública.
Con esta resolución, el Gobierno canario da por cerrada la controversia judicial relacionada con el proceso participativo previo a la aprobación de la ley.
