La mejora de la ayuda a domicilio en Fuerteventura centró este martes el debate en el Parlamento de Canarias. La diputada de Coalición Canaria, Jana González Alonso, defendió la necesidad de implantar cuanto antes este servicio especializado en la isla.

Durante su intervención, la parlamentaria subrayó que Fuerteventura presenta características singulares. Habló de largas distancias, población dispersa y un crecimiento demográfico notable. Según explicó, esta realidad complica el acceso a servicios básicos para personas dependientes.

La ayuda a domicilio en Fuerteventura se plantea como prioridad ante la dispersión poblacional y falta de alternativas

González valoró el trabajo de la Consejería y de la Dirección General de Dependencia. Destacó la reciente licitación del servicio especializado. El objetivo es garantizar una atención cualificada y mejorar la calidad asistencial.

Además, citó el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. El documento señala fallos estructurales en el sistema estatal. Entre ellos, procedimientos burocráticos complejos, bajas prestaciones y escasa intensidad de los servicios.

En este contexto, la diputada defendió los avances logrados en Canarias. Explicó que el archipiélago ha simplificado los trámites. Ahora, en una sola visita se realiza la valoración y la resolución del programa individual de atención.

Este cambio ha permitido reducir los tiempos de انتظار. También ha mejorado los indicadores del sistema. Canarias lidera el aumento de personas beneficiarias, con un 13%. Además, registra una reducción destacada en las listas de espera.

A pesar de estos avances, González mostró preocupación por las desigualdades territoriales. Insistió en que el acceso a los servicios no debe depender del lugar de residencia.

“La eficacia de los servicios de atención a la dependencia no puede depender del código postal”, afirmó. Por ello, reclamó reforzar la cooperación con cabildos y ayuntamientos.

La diputada también advirtió sobre el riesgo de modelos de bajo coste. Apostó por un sistema que garantice calidad y atención especializada.

El debate abre ahora la puerta a nuevas decisiones políticas. Sobre la mesa queda la urgencia de llevar estos servicios a todas las islas en igualdad de condiciones.