El Grupo Parlamentario Popular considera que el dictamen de la comisión de investigación atribuye responsabilidades políticas al expresidente de Canarias. Los populares reclaman su dimisión inmediata.
El dictamen del caso mascarillas en Canarias ha llevado al Grupo Parlamentario Popular a reclamar la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En una rueda de prensa celebrada este lunes, los diputados Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo defendieron que las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias acreditan responsabilidades políticas en la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia.
Los populares sostienen que el documento, de 114 páginas y con 17 conclusiones, recoge hechos que, a su juicio, obligan al expresidente del Gobierno de Canarias a asumir responsabilidades políticas y abandonar su cargo.
El dictamen del caso mascarillas en Canarias centra las críticas del Partido Popular
Fernando Enseñat criticó la respuesta ofrecida por Ángel Víctor Torres tras conocerse el contenido del dictamen y aseguró que el ministro continúa negando las acusaciones sin ofrecer explicaciones sobre la gestión de los contratos investigados.
El parlamentario afirmó que el expresidente «no puede seguir escondiéndose detrás de un ‘lo niego todo'» cuando, según defendió, existen cuestiones relacionadas con adjudicaciones, modificaciones contractuales, pagos a empresas vinculadas a la trama e intercambios de mensajes que, a juicio del PP, siguen sin aclararse.
Enseñat también señaló que el dictamen atribuye responsabilidades políticas por la creación de un órgano extraordinario para gestionar la emergencia sanitaria, por el relevo de responsables de la Consejería de Sanidad y por la continuidad de determinados cargos durante el desarrollo de la investigación.
Asimismo, sostuvo que los ciudadanos «merecían un presidente que actuara con la honorabilidad y la responsabilidad que exigían los momentos más duros del COVID».
El PP vincula el dictamen con los informes de la UCO y resoluciones judiciales
Por su parte, la diputada Jennifer Curbelo aseguró que las conclusiones de la comisión de investigación adquieren una mayor relevancia tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las actuaciones judiciales relacionadas con el denominado caso mascarillas.
Según explicó, la comisión parlamentaria, los informes policiales y las resoluciones judiciales conforman, en opinión del Partido Popular, un mismo escenario que apunta a la existencia de responsabilidades políticas.
Curbelo defendió que la comisión permitió analizar la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia y afirmó que el dictamen recoge elementos suficientes para exigir responsabilidades políticas, al margen de las decisiones que correspondan al ámbito judicial.
El Grupo Parlamentario Popular reiteró finalmente que las responsabilidades penales corresponden a los tribunales, mientras que las responsabilidades políticas deben asumirse en el ámbito institucional, por lo que insistió en reclamar la dimisión inmediata de Ángel Víctor Torres.







