El Ayuntamiento de La Laguna ha decidido respaldar ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la UTE ImesApi-Emelsa en el recurso presentado contra la retirada de la adjudicación del servicio de alumbrado público municipal.
La controversia afecta a un contrato valorado en más de 18 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias anuló en octubre de 2025 la adjudicación inicial tras apreciar un posible conflicto de interés durante la valoración técnica de las ofertas.
En aquella resolución, el órgano autonómico ordenó excluir a la UTE ImesApi-Emelsa y adjudicar el servicio a la empresa Effico, segunda clasificada en el procedimiento. El Ayuntamiento acató entonces la decisión y optó por no recurrirla.
Sin embargo, el Consistorio ha cambiado ahora su posición en el procedimiento judicial abierto ante el TSJC. En el escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Ayuntamiento asume los argumentos de ImesApi-Emelsa y defiende que no existió conflicto de interés en el concurso público.
El alumbrado en La Laguna sigue generando tensión política y judicial
El Tribunal de Contratos fundamentó su resolución en la relación existente entre responsables del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife y personas vinculadas al procedimiento de adjudicación.
Según el órgano administrativo, la secretaria de la Junta de Gobierno del colegio profesional era esposa del delegado de la empresa inicialmente adjudicataria y, además, antigua jefa del servicio municipal encargado de la licitación.
El tribunal también observó que el jefe de servicio que sustituyó posteriormente a esta funcionaria es hijo del decano del colegio profesional que elaboró el informe técnico de valoración de ofertas.
La resolución añadía que el Ayuntamiento conocía esta situación y aun así mantuvo la asistencia técnica del colegio, lo que generó “una sombra más que razonable de duda” sobre la imparcialidad de la evaluación.
Durante 2025, el procedimiento provocó una importante polémica política en el municipio. Partidos de la oposición como PP y VOX cuestionaron públicamente la adjudicación y reclamaron medidas para reforzar los controles sobre posibles conflictos de interés.
Además, la situación podría derivar en nuevas consecuencias económicas y administrativas. Si el TSJC anula la adjudicación actual a Effico, el Ayuntamiento tendría que iniciar una nueva licitación que podría retrasar durante meses la normalización definitiva del servicio de alumbrado.
Effico, adjudicataria actual, ya ha realizado inversiones relevantes vinculadas al contrato, entre ellas la compra de vehículos, nuevas contrataciones laborales y mejoras salariales. También ha previsto actuaciones de modernización energética y nuevas infraestructuras municipales.
La posición adoptada ahora por el Ayuntamiento ha generado sorpresa al alinearse judicialmente con la empresa demandante pese a haber aceptado inicialmente la resolución del Tribunal de Contratos Públicos de Canarias.
