El problema del amianto en Canarias entra en una fase crítica a partir del 30 de abril. Drago Canarias ha exigido al Gobierno de Canarias un plan urgente ante la imposibilidad de seguir enviando este material a la Península.

La organización advierte de un posible escenario de riesgo sanitario. Varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, dejarán de aceptar estos residuos peligrosos. Hasta ahora, era el principal destino del amianto retirado en las islas.

El amianto en Canarias afronta un bloqueo total que puede paralizar obras y aumentar vertidos ilegales

La falta de infraestructuras propias en el Archipiélago complica la situación. Canarias no cuenta con un depósito específico para este material altamente cancerígeno. Por ello, el sistema actual quedará sin alternativa legal en pocos días.

Hasta ahora, el amianto se trasladaba desde islas no capitalinas a las capitalinas. Posteriormente, se enviaba a la Península. Este circuito dejará de ser viable, lo que podría paralizar obras donde se detecte este residuo.

Además, la normativa estatal limita su almacenamiento. El Real Decreto 833/1988 fija un máximo de seis meses. Este plazo obliga a actuar con rapidez ante el nuevo escenario.

Desde Drago Canarias advierten de consecuencias directas. Si desaparecen las vías legales, podrían aumentar las retiradas clandestinas. También temen un incremento de vertidos en barrancos y espacios naturales.

La portavoz nacional de la organización alertó del esfuerzo actual de la ciudadanía. Recordó que retirar amianto ya es un proceso complejo y costoso. Sin alternativas legales, la situación podría desbordarse.

El problema del amianto en Canarias tiene además una dimensión estructural. Este material sigue presente en tejados, tuberías o depósitos de agua en muchas zonas. Su retirada requiere planificación y recursos.

Por otro lado, la Ley 7/2022 de residuos obliga a los ayuntamientos a elaborar censos y calendarios de retirada. Sin embargo, la mayoría no ha cumplido estos plazos.

Drago Canarias insiste en la necesidad de un plan de contingencia inmediato. La formación considera que la falta de respuesta puede trasladar el problema a la ciudadanía.

La situación abre un escenario incierto en el Archipiélago. La gestión del amianto se convierte así en un reto urgente con impacto directo en la salud pública y el medio ambiente.