Coalición Canaria ha logrado el respaldo del Parlamento de Canarias para reclamar al Estado la paralización de la subida de las bases mínimas de cotización para autónomos societarios y familiares colaboradores prevista para 2026.
La diputada nacionalista Cristina Calero defendió la proposición no de ley y acusó al Gobierno de España de aplicar un “hachazo fiscal” contra las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos de Canarias.
Según explicó, la medida elevará la base mínima de cotización desde los 1.000 euros actuales hasta los 1.424,40 euros. Esto supondrá un incremento del 42,4% para más de 60.000 autónomos societarios en el Archipiélago.
Calero aseguró que la subida afectará directamente a la liquidez de miles de pequeños negocios familiares y criticó que el Ejecutivo estatal impulse este aumento sin tener en cuenta la situación económica de Canarias.
Las cuotas para autónomos en Canarias centran el debate entre Coalición Canaria y el Estado
Durante su intervención parlamentaria, Cristina Calero afirmó que las microempresas ya han soportado un incremento de los costes laborales superior al 25% desde 2021. Además, recordó que el 95% del tejido empresarial canario está compuesto por micropymes y autónomos.
La diputada nacionalista advirtió también de las consecuencias que esta medida puede tener sobre el relevo generacional y el emprendimiento juvenil en las islas. Según indicó, muchos pequeños negocios podrían ver comprometida su viabilidad económica.
Calero sostuvo además que el Estado legisla “de espaldas” a la realidad económica de Canarias y al Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago. En este sentido, defendió que las singularidades derivadas de la doble insularidad y la fragmentación territorial requieren medidas específicas.
La parlamentaria destacó que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha iniciativas como la cuota cero para autónomos o la exención del IGIC para negocios con una facturación inferior a 50.000 euros.
La propuesta aprobada por el Parlamento reclama al Estado la paralización inmediata de la subida prevista para 2026, una moratoria para los sectores más afectados y la realización de informes específicos sobre el impacto de este tipo de medidas en Canarias.
