Miguel Ángel Socorro Perdomo, funcionario de carrera y jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura, ha presentado un nuevo derecho de petición ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El objetivo de la iniciativa es que el Gobierno explique por qué determinados efectos salariales derivados de los recortes aprobados durante la crisis económica de 2010 continúan aplicándose más de quince años después.
Según expone en su escrito, las medidas adoptadas en aquel momento respondían a una situación económica excepcional. Por ello, solicita conocer las razones que justifican el mantenimiento de algunos de esos efectos retributivos en la actualidad.
La petición surge después de que una solicitud anterior fuera inadmitida por la Administración al incluir cuestiones que debían tramitarse mediante otros procedimientos.
En esta ocasión, el escrito se limita a solicitar información y explicaciones sobre aspectos relacionados con la estructura salarial de los empleados públicos.
Los recortes salariales de 2010 centran las preguntas dirigidas al Gobierno
Una de las cuestiones planteadas se refiere a la vigencia de determinadas medidas aprobadas durante la crisis económica.
El funcionario pregunta por qué siguen aplicándose algunos efectos de aquellos recortes cuando las circunstancias que motivaron su adopción ya no existen.
Además, solicita aclaraciones sobre una situación retributiva que afecta a distintos grupos funcionariales.
Según explica, en las nóminas ordinarias los funcionarios del grupo A1 perciben un sueldo base superior al de los grupos A2 y B. Sin embargo, en las pagas extraordinarias ocurre lo contrario y las cuantías básicas de los grupos A2 y B superan a las del grupo A1.
Ante esta circunstancia, el escrito solicita que el Ejecutivo detalle las razones jurídicas, económicas o presupuestarias que sustentan esta configuración salarial.
Asimismo, pregunta si la Administración ha realizado algún estudio o análisis específico sobre las consecuencias de esta situación.
Miguel Ángel Socorro subraya que la petición no reclama compensaciones económicas, atrasos ni modificaciones salariales. El objetivo es obtener una respuesta oficial y motivada sobre cuestiones que afectan a más de tres millones de empleados públicos en España.
El impulsor de la iniciativa considera razonable conocer la justificación actual de unas medidas que nacieron en un contexto excepcional y cuyos efectos siguen presentes más de una década después.
