Las expropiaciones en Canarias cambian con nuevos datos reales. El Gobierno reduce plazos y refuerza la seguridad jurídica.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha firmado un convenio clave con el Consejo General del Notariado para mejorar la gestión de los procesos expropiatorios en el Archipiélago.

El acuerdo incorpora al sistema público datos reales del mercado inmobiliario procedentes del Índice Único Informatizado Notarial, lo que permitirá ajustar el cálculo del justiprecio a valores más precisos y actuales.

Junto al Gobierno autonómico, también participan en este convenio el Colegio Notarial de las Islas Canarias y el Centro Tecnológico del Notariado.

Las expropiaciones en Canarias serán más rápidas y transparentes

Uno de los principales cambios que introduce este acuerdo es la reducción de la incertidumbre en los procesos. La Administración podrá acceder a información actualizada y anonimizada sobre compraventas de inmuebles.

Esto incluye datos como tipología, superficie o precio por metro cuadrado, lo que permitirá afinar las valoraciones y evitar conflictos en la fijación del justiprecio.

Según explicó Manuel Miranda, disponer de más información permitirá tomar mejores decisiones y evitar discrepancias, uno de los principales problemas en este tipo de expedientes.

Además, el convenio refuerza la seguridad jurídica tanto para la Administración como para los ciudadanos afectados, al basar las valoraciones en referencias de mercado fiables.

Datos reales para modernizar la gestión pública

Desde el ámbito notarial, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, destacó que los datos utilizados proceden directamente de escrituras autorizadas por notarios, lo que garantiza su autenticidad y actualización.

El sistema permitirá también agilizar la tramitación de los expedientes al establecer criterios más homogéneos y claros.

Por su parte, la viceconsejera de Planificación Territorial, Elena Zárate, subrayó que el acuerdo no supone coste económico para la Administración y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias busca modernizar la gestión pública y reforzar la confianza en los procesos administrativos, especialmente en un ámbito tan sensible como el de las expropiaciones.