Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) ha respaldado públicamente a la propiedad de la guardería de Costa Calma tras el reciente conflicto judicial con el Ayuntamiento de Pájara. La formación cuestiona las declaraciones realizadas por el alcalde, Alejandro Jorge, sobre el origen y financiación del inmueble.
AMF considera “extremadamente grave” que desde la Alcaldía se atribuya al Ayuntamiento la construcción de una infraestructura que, según sostiene la organización, fue promovida y financiada íntegramente con capital privado.
La formación asegura que el comunicado difundido por la empresa propietaria desmonta las afirmaciones realizadas por el alcalde durante una entrevista en un medio de comunicación de la isla. Además, recuerda que la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó recientemente el desahucio judicial del Ayuntamiento al reconocer la titularidad privada del inmueble.
El partido señala que la documentación judicial y administrativa existente acredita que la guardería pertenece a la propiedad privada y no al consistorio.
La guardería de Costa Calma agrava las diferencias dentro del grupo de gobierno municipal
AMF lamenta también la división interna que, según afirma, atraviesa el grupo de gobierno de Pájara tras conocerse el desacuerdo del primer teniente de alcalde con el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
La formación considera que esta situación refleja una falta de coherencia política y transparencia institucional en un asunto que afecta directamente a la gestión municipal y a la confianza ciudadana.
Además, AMF destaca que durante años el propio Ayuntamiento habría reconocido la titularidad privada del inmueble. Según expone la organización, el consistorio llegó incluso a solicitar autorización para ejecutar mejoras en las instalaciones mientras mantenía el uso de la guardería.
La formación añade que durante ese periodo continuaron emitiéndose recibos del IBI a nombre de la propiedad privada, pese a que el Ayuntamiento utilizaba las instalaciones.
Por este motivo, AMF reclama explicaciones públicas sobre el dinero municipal invertido en la guardería y sobre los posibles costes derivados del litigio judicial.
La organización insiste en que el conflicto debe abordarse “con rigor, transparencia y responsabilidad institucional”. También pide evitar declaraciones públicas que puedan entrar en contradicción con las resoluciones judiciales ya conocidas.
Finalmente, AMF valoró positivamente que la propiedad haya descartado solicitar el lanzamiento inmediato de la guardería mientras la sentencia no sea firme. La formación pide al Ayuntamiento y a la propiedad que negocien una solución para evitar incertidumbre entre las familias afectadas.
