El reciente anuncio de que la isla de La Palma acogerá la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología ha sido recibido con entusiasmo por la opinión pública y por gran parte de la clase política local. Sin embargo, tras la celebración inicial, emergen dudas de fondo sobre la legalidad, transparencia y adecuación de la ubicación concreta anunciada: un solar en Tacande, término municipal de El Paso.

Desde sectores críticos se subraya que el acuerdo del Consejo de Ministros no avala ni legitima una parcela específica, sino que simplemente constata que la candidatura presentada por los cabildos de La Palma y Tenerife cumple con los criterios establecidos. La decisión sobre el emplazamiento físico, según el propio Consejo, corresponde al consorcio responsable, y no a instancias políticas locales.

Frente a esta premisa, señalan que el discurso mediático y político local ha impulsado una narrativa que presenta el solar de Tacande, «a los pies del Tajogaite», como una elección natural y deseable. Esta versión, tildada de profundamente demagógica, choca directamente con lo que está recogido en el BOE: que la sede deberá ubicarse fuera de zonas de mayor riesgo volcánico, siendo la resiliencia y la protección civil criterios fundamentales.

Además, se denuncia que el solar propuesto está vinculado a una obra de nueva ejecución, la conexión entre las carreteras LP-212 y LP-2, cuestionada por una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La vía no existía previamente a la erupción y se presenta oficialmente como parte de la «reconstrucción», aunque su legalidad y pertinencia han sido severamente cuestionadas.

A ello se añade que el contrato para dicha obra, valorado en más de 7 millones de euros, fue firmado por un alcalde en funciones (Sergio Rodríguez), y adjudicado a una empresa sin solvencia demostrada para acometer el proyecto. La obra está ampliamente retrasada y su ejecución vulneraría el planeamiento urbanístico vigente (PGOU de El Paso), que califica parte del suelo como de interés geomorfológico, prohibiendo nuevas vías y movimientos de tierra.

También se cuestiona el procedimiento seguido para la obtención de terrenos: no consta expediente de expropiación oficial alguno. En su lugar, se habría solicitado la cesión gratuita a propietarios mediante promesas verbales de futuras recalificaciones, lo que podría configurar un escenario de especulación.

La narrativa local que celebra la ubicación «a los pies del volcán» oculta, según los denunciantes, una cadena de decisiones oscuras, posiblemente ilegales, y profundamente contradictorias con los principios de objetividad, transparencia y seguridad que deberían regir una infraestructura nacional.

«El Centro Nacional de Vulcanología no puede nacer sobre una colada de irregularidades jurídicas y urbanísticas ni sobre un mar de silencios interesados. Si de verdad queremos que La Palma sea referente mundial en gestión de riesgos volcánicos, el primer riesgo que habría que gestionar es el riesgo de que la demagogia política y el urbanismo oportunista acaben devorando la credibilidad científica y moral de un proyecto que debería ser ejemplar», señalan.

Desde este prisma, se hace un llamado a la Fiscalía Anticorrupción del Estado para investigar a fondo las irregularidades detectadas y garantizar que la sede del Centro Nacional de Vulcanología cumpla no solo con los requisitos técnicos y científicos, sino también con los principios de legalidad, transparencia y protección del interés público.

La Palma merece ser sede de un proyecto de esta envergadura, pero también merece que se haga de forma impecable, sin sombras ni atajos que comprometan su legitimidad futura.