El ciudadano palmero Francisco José Rodríguez Pulido ha denunciado un hecho que califica como «sin precedentes en la historia autonómica de Canarias»: el recurso judicial interpuesto por el Gobierno regional contra una resolución del Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias, en la que se le daba la razón y se ordenaba publicar el listado de beneficiarios de las ayudas por los daños de la erupción del volcán Tajogaite en 2021.
Rodríguez Pulido, profesor jubilado de Física y Química, ha formalizado su personación en el procedimiento contencioso-administrativo nº 267/2025, en curso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para defender el cumplimiento de dicha resolución. Califica de «inaudito» que el Ejecutivo autonómico haya decidido litigar contra un órgano parlamentario cuya función es precisamente garantizar el derecho a la información pública.
«Nunca antes en Canarias un Gobierno había demandado a su propio Comisionado de Transparencia», afirma Rodríguez Pulido, quien considera que este conflicto sienta un precedente histórico. En su opinión, el recurso del Ejecutivo contra la resolución D2025000082 supone «el primer enfrentamiento documentado entre el Gobierno y un organismo parlamentario en materia de transparencia».
La resolución requería a la Consejería de Presidencia, que dirige la palmera Nieves Lady Barreto, la publicación de la lista de personas beneficiarias de las ayudas por los daños del volcán. Esta obligación surgió tras la denuncia presentada por Rodríguez Pulido al no recibir respuesta a su solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia de Canarias. Pese a ello, la Consejería no cumplió con la orden, escudándose en un informe jurídico interno de julio de 2024 que permaneció oculto hasta septiembre de 2025.
«La transparencia no perjudica a las víctimas, las protege», sostiene Rodríguez Pulido, quien defiende que ocultar los datos de las ayudas es «una segunda forma de daño» a los damnificados. Considera que la Administración está obligada a anonimizar los datos personales, pero no a ocultar el destino del dinero público.
En su escrito ante el TSJC, solicitará que el Gobierno de Canarias acredite si el recurso fue aprobado formalmente por el Consejo de Gobierno, y que se remita la memoria financiera y técnica de las ayudas, así como los dictámenes de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas.
Rodríguez Pulido también ha solicitado la comparecencia parlamentaria de la consejera Barreto y ha presentado quejas ante el Diputado del Común y el Defensor del Pueblo. Pide su dimisión inmediata por considerar que su actuación es «incompatible con la ética pública». Critica que se utilicen fondos públicos para evitar la rendición de cuentas, lo que «rompe el pacto de confianza entre la ciudadanía y las instituciones».
A juicio de Rodríguez Pulido, este caso «trasciende su iniciativa personal» y representa «una prueba institucional para la democracia canaria». Asegura que continuará promoviendo medidas legales y sociales para evitar que la Administración use fondos públicos para litigar contra los mecanismos de control democrático. Además, presentará al Parlamento una propuesta para establecer un sistema de seguimiento de las resoluciones del Comisionado de Transparencia.
«El poder que no rinde cuentas pierde legitimidad», concluye Rodríguez Pulido. «La transparencia no es una opción, es una obligación moral y constitucional. Y sin transparencia, no hay democracia».
