La Asociación Tierra Bonita ha expresado su pleno apoyo a la concentración convocada por los vecinos de El Paraíso y Corazoncillo, barrios palmeros devastados por la erupción del volcán Tajogaite, que se manifestarán el próximo domingo 14 de diciembre en la denominada “zona roja”. Esta protesta surge ante la ausencia de información sobre el futuro de sus propiedades y la posible declaración del área como espacio natural protegido.

Tierra Bonita califica esta movilización como “totalmente justificada”, denunciando el “silencio y boicot a la participación ciudadana” por parte del Cabildo de La Palma y la Viceconsejería de Recuperación Social y Económica del Gobierno de Canarias. La asociación recuerda que desde 2024 se ignora la petición de una reunión interadministrativa urgente para esclarecer aspectos claves del proceso de reconstrucción, lo cual consideran un “silencio administrativo cómplice que vulnera los principios de buena fe y respeto hacia los damnificados”.

La entidad lamenta que, pese a que la Ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de La Palma reconoce la participación ciudadana como un derecho, las instituciones “están diseñando y ejecutando la reconstrucción a espaldas de quienes más sufrieron la catástrofe”. Tierra Bonita acusa a las administraciones de utilizar esta misma ley “para blindar las zonas de exclusión y generar un boicot normativo, negando cualquier posibilidad de recuperación de usos en fincas afectadas”.

Además, denuncia una “grave opacidad” en la aplicación del artículo 14 de dicha ley, que supuestamente permite reubicar viviendas y actividades agrarias en coladas de menos de 10 metros de espesor. Sin embargo, aseguran que los vecinos no han recibido información ni protocolos claros para ejercer este derecho.

Tierra Bonita también advierte sobre un “caos normativo paralizante” generado por la contradicción entre la Ley autonómica y el Decreto 2024/12897 del Cabildo, que mantiene una zona de exclusión indefinida, pese a su rango legal inferior.

La asociación critica que la llamada “Ley de Volcanes”, en lugar de aportar certidumbre, se esté usando para perpetuar la falta de transparencia. A ello se suma el olvido institucional hacia personas que perdieron su primera vivienda y aún no han recibido indemnización, debido a trabas burocráticas.

Ante este panorama, Tierra Bonita exige a las Administraciones una reacción inmediata que comience con la convocatoria urgente de la reunión interadministrativa solicitada en julio de 2024, y la activación del Consejo para la Recuperación Social y Económica de La Palma previsto en la Ley 2/2024.

Entre sus demandas también figuran la publicación de protocolos para reubicación y recuperación de terrenos, la derogación de la actual zona de exclusión impuesta por el Cabildo, basada en criterios “arbitrarios”, y el fin de la alerta del semáforo amarillo del PEVOLCA, que sigue imponiendo restricciones propias de una emergencia activa.

Como parte de su lucha, Tierra Bonita ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la opacidad institucional y la falta de seguridad jurídica en la gestión post-eruptiva. Sin embargo, denuncian que el Cabildo ha obstaculizado el proceso al negarse reiteradamente a entregar el expediente administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que podría constituir un presunto delito.