El REF Canarias transporte mercancías vuelve al centro del debate político en Canarias tras la iniciativa del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. La propuesta reclama garantizar el 100% del coste y alerta del impacto directo en precios y economía del archipiélago.

El diputado canario Juan Antonio Rojas advierte de que el actual sistema está generando un desfase que perjudica tanto a empresas como a familias en Canarias.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley para exigir el cumplimiento íntegro del Régimen Económico y Fiscal en materia de transporte de mercancías. El objetivo es claro: que las compensaciones cubran de forma real el 100% del coste subvencionable.

Rojas fue contundente. Asegura que el REF no puede aplicarse a medias y que cualquier desviación rompe el equilibrio que este instrumento debe garantizar para compensar la insularidad.

El REF Canarias transporte mercancías, desfasado frente a la realidad

El diputado pone el foco en un problema clave. Los costes tipo que utiliza la Administración llevan años sin actualizarse. Esto provoca una brecha creciente entre lo que se reconoce oficialmente y lo que realmente pagan las empresas.

Ese desfase, explica, reduce la eficacia de las ayudas y termina trasladándose a toda la cadena económica. Desde la producción hasta el consumidor final.

El contexto internacional tampoco ayuda. El encarecimiento de la energía, la inestabilidad en rutas estratégicas y los recargos en el transporte marítimo han disparado los costes logísticos en los últimos años.

El resultado es directo. Suben los precios y se resiente la competitividad del tejido empresarial canario.

Impacto directo en precios y familias

Rojas insiste en que no es solo un problema empresarial. Cada euro que no cubre el sistema acaba repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos.

Habla de poder adquisitivo. De la cesta de la compra. De un impacto silencioso pero constante que afecta al día a día en Canarias.

Por eso, la iniciativa del PP incluye medidas concretas. Entre ellas, convocar de forma urgente la Comisión Mixta Canarias-Estado para actualizar los costes y revisar la metodología de cálculo.

También se plantea garantizar recursos presupuestarios suficientes y crear mecanismos que permitan adaptarse a situaciones excepcionales, como crisis internacionales o subidas energéticas.

El mensaje político es claro. El cumplimiento del REF no es opcional. Es una obligación legal del Estado y una herramienta clave para garantizar la igualdad de condiciones con el resto del territorio nacional.

La propuesta busca ahora sumar apoyos en el Congreso para corregir lo que consideran un incumplimiento práctico del sistema y reforzar la economía del archipiélago.