El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha valorado positivamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija jurisprudencia sobre la regulación de la actividad de mediación en la contratación de servicios de taxi. La resolución reconoce la capacidad de las administraciones públicas para establecer condiciones a las empresas intermediarias cuando estas estén justificadas y sean proporcionales.

Para el consistorio, este pronunciamiento supone un respaldo importante a la labor que desarrollan los ayuntamientos para garantizar un modelo de movilidad ordenado, seguro y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.

La sentencia confirma que las administraciones pueden intervenir en la regulación del sector con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, asegurar la calidad del servicio y favorecer una competencia equilibrada entre los distintos operadores.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó la relevancia de esta decisión judicial para los municipios.

“Esta sentencia aporta seguridad jurídica a los ayuntamientos y reconoce el papel que desempeñamos las administraciones locales en la organización y supervisión de servicios esenciales para la ciudadanía. El taxi forma parte de la movilidad cotidiana de muchas personas y es nuestra responsabilidad garantizar que se preste en las mejores condiciones posibles, con criterios de calidad, seguridad y transparencia”, afirmó.

Regulación del taxi en Puerto del Rosario con mayor respaldo jurídico

El regidor añadió que el fallo del Tribunal Supremo demuestra que la innovación tecnológica y la protección del interés general pueden avanzar de forma conjunta.

Según explicó, la resolución permite compatibilizar la modernización de los servicios con la defensa de los derechos de los usuarios y la estabilidad de un sector estratégico para los municipios.

Por su parte, el concejal de Transportes, Luis Chacón, señaló que la sentencia respalda el trabajo que desarrollan las administraciones para ordenar el sector y garantizar que todas las plataformas que intervienen en la contratación del servicio operen dentro de un marco regulado.

“El fallo deja claro que la actividad de intermediación puede estar sujeta a determinadas condiciones cuando estas responden a objetivos legítimos de interés público. Esto contribuye a fortalecer el servicio del taxi, ofrecer mayores garantías a los usuarios y dotar al sector de una mayor estabilidad y seguridad jurídica”, explicó.

La resolución analiza de forma específica el papel de las empresas que median entre los usuarios y los profesionales del taxi. Además, delimita qué requisitos pueden imponerse y cuáles podrían considerarse restricciones injustificadas.

Para el Ayuntamiento, este criterio jurídico refuerza el equilibrio entre la libre competencia y la defensa del interés general. También consolida un modelo que permite avanzar hacia una movilidad más eficiente, accesible y sostenible.

Desde el consistorio consideran que la sentencia supone un reconocimiento al taxi como servicio público esencial y respalda el trabajo de las administraciones que buscan garantizar un sistema de transporte moderno, regulado y centrado en las necesidades reales de la ciudadanía.