El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha valorado muy positivamente la adjudicación provisional por parte del Gobierno de Canarias de 75 nuevas viviendas protegidas en el municipio, una actuación que responde a la creciente necesidad de vivienda pública y que ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre ambas instituciones.

El alcalde capitalino, David de Vera, subrayó que “esta adjudicación es fruto de la colaboración constante entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Gobierno de Canarias. Hemos facilitado los trámites y coordinado esfuerzos porque sabemos que la vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de nuestra ciudadanía”.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Toñi Fdez. Aragón, recalcó la trascendencia de este anuncio, ya que “no se trata solo de ladrillos y cemento, para muchas familias de Puerto del Rosario, estas viviendas significan la posibilidad real de acceder a un hogar digno y estable. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando de la mano del Gobierno de Canarias para ampliar la oferta de vivienda protegida y dar respuesta a la emergencia habitacional que vivimos en la isla”.

La concejala de Urbanismo, Ana Hernández, destacó el papel clave de la planificación y la cesión de suelo municipal en este proceso. “Desde el área de Urbanismo hemos acompañado todo este proceso, garantizando que el planeamiento del municipio responda a las necesidades reales de la ciudadanía. La construcción de estas 75 viviendas demuestra que, en este caso particular, la buena gestión urbanística se traduce en hogares concretos para las familias de Puerto del Rosario”.

La construcción se llevará a cabo en dos parcelas. En la calle Don Quijote, donde se levantarán 47 viviendas con sus correspondientes plazas de garaje, y en Bernegal, con otras 28 unidades habitacionales. En total, 75 hogares que suponen una inversión superior a los 12 millones de euros.

El Ayuntamiento destaca que este proyecto se enmarca en el Decreto Ley 1/2024, de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional, y constituye un ejemplo de cómo la cooperación institucional se traduce en soluciones concretas para la ciudadanía.