La polémica vuelve a escena en Canarias. El protagonismo otorgado al Instituto Volcanológico de Canarias por parte del Cabildo de Tenerife ha encendido el malestar entre colectivos de afectados por la erupción volcánica de La Palma en 2021.
Hasta trece asociaciones, entre ellas la Asociación Tierra Bonita, cuestionan que este organismo científico lidere ahora la formación en autoprotección y evacuación en Tenerife. Consideran que existe una “contradicción” tras lo ocurrido durante la crisis del volcán Tajogaite.
El debate no es nuevo, pero se reaviva ahora con fuerza al considerar estos colectivos que no se han depurado responsabilidades ni aclarado completamente lo sucedido durante la emergencia.
Las asociaciones denuncian lo que califican como un “fracaso” en la gestión científica y política del plan de emergencias, conocido como PEVOLCA. Aseguran que no se evacuó a la población con antelación suficiente ni se trasladó toda la información disponible sobre los riesgos.
Según estos colectivos, la gravedad de lo ocurrido podría haber tenido consecuencias aún mayores. “Solo la suerte evitó víctimas en el inicio de la erupción”, sostienen.
Además, reclaman que no se otorguen reconocimientos a quienes formaron parte de los comités durante la crisis, insistiendo en que “los fracasos no merecen premios”.
Declaraciones polémicas que aumentan la tensión
La controversia también se ha visto alimentada por intervenciones públicas del vulcanólogo Luca D’Auria, integrante de INVOLCAN, cuyas declaraciones en redes sociales han sido duramente criticadas por afectados.
Algunos comentarios, considerados ofensivos por los colectivos, han incrementado la desconfianza hacia la institución. Esto ha contribuido, según denuncian, a una “deslegitimación moral” que dificulta que INVOLCAN pueda liderar acciones de concienciación social.
En este contexto, la Asociación Tierra Bonita insiste en que no se puede generar confianza en la población sin antes aclarar lo sucedido en 2021. Reclaman acceso a actas y grabaciones del plan de emergencias, actualmente en disputa judicial.
Piden abrir la formación a más voces
Los colectivos afectados proponen que la formación sobre riesgo volcánico no se limite a un único organismo ni exclusivamente a perfiles científicos. Consideran necesario incorporar otros enfoques, como la gestión patrimonial, seguros o planificación territorial.
También reclaman mayor transparencia institucional y un proceso de revisión que permita recuperar la confianza social.
Mientras tanto, el debate sigue creciendo en Canarias. Para muchos afectados, no se trata solo de quién lidera la formación en Tenerife, sino de quién tiene la legitimidad para hacerlo tras una de las mayores catástrofes recientes del archipiélago.








