Ocho asociaciones de La Palma, entre ellas colectivos de damnificados por la erupción de 2021 y vecinos de las zonas afectadas, han unido sus voces para trasladar una serie de recomendaciones a la población y a las autoridades de Tenerife con el objetivo de contribuir a “evitar que se repitan los errores de hace cuatro años en la prevención y gestión de la emergencia del Tajogaite”. Estos colectivos aseguran que siguen “con interés y empatía la actual situación de actividad volcánica anómala en Tenerife” y, desde la experiencia de haber vivido la erupción en el Valle de Aridane, consideran “una obligación moral” aconsejar que se actúe a tiempo y se fomente una verdadera “cultura de la prevención, sin alarmismo”. Recuerdan que estar preparados ante una posible erupción permite actuar “sin improvisación, con eficacia, salvando vidas y reduciendo daños materiales y psicológicos”, además de facilitar una mejor atención y recuperación para las personas damnificadas. Lamentan que, en el caso de La Palma, “a la emergencia se sumó la incertidumbre y las dificultades de la reconstrucción”. Según apuntan, en Tenerife —donde el Comité Científico del PEVOLCA ha señalado que la reactivación volcánica iniciada en 2016 continúa en aumento— “aún se está a tiempo de hacer las cosas bien”.

Las ocho asociaciones firmantes

Suscriben este comunicado la Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Vieja 2021, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Iniciativa Ciudadana de Afectados por el Volcán, la Asociación Agua para La Palma, la Asociación Tierra Bonita, la Asociación Protectora de Animales y Plantas Benawara y la Asociación Unidad de Protección Animal (UPA-La Palma).

Aplicar el principio de precaución

Las asociaciones sostienen que, aplicando “el principio de precaución más elemental”, es ahora —y no a largo plazo— cuando deben adoptarse medidas preventivas para preparar a la sociedad ante los distintos peligros volcánicos, reforzar la autoprotección y garantizar el conocimiento de los protocolos específicos en cada municipio y comarca. Asimismo, recuerdan que la vigente Ley de Volcanes de Canarias, promovida mediante iniciativa legislativa popular por personas afectadas por el Tajogaite y avalada por casi 20.000 firmas, obliga al Gobierno autonómico a impulsar un plan de vigilancia y sensibilización sobre el riesgo volcánico, así como a requerir a las aseguradoras información clara para garantizar el aseguramiento de viviendas en zonas de riesgo.

Los errores de 2021

Los colectivos recuerdan que cuando se produjo la erupción del Tajogaite “no existía una cultura de prevención ni una planificación actualizada del riesgo volcánico”; los primeros barrios destruidos no habían sido informados del peligro; el semáforo permanecía en amarillo cuando comenzó la erupción; no hubo evacuación anticipada; y no se hicieron públicas las deliberaciones de los órganos científicos y de dirección de la emergencia”. “La confianza en las instituciones públicas y la resiliencia colectiva se construyen en tiempos de calma, cuando la naturaleza nos avisa con tiempo”, reflexionan.

Las ocho recomendaciones

Las asociaciones enumeran ocho grandes bloques de medidas que consideran prioritarias para Tenerife y cualquier isla con reactivación volcánica. En primer lugar, transparencia informativa, con comunicación clara, rigurosa y periódica sobre la evolución volcánica, incluyendo en tiempo real los datos de sismicidad, emisiones de gases y deformación del terreno. En segundo lugar, formación en protocolos de emergencia, capacitando a la población en autoprotección y evacuación mediante simulacros periódicos en municipios y comarcas de riesgo. En tercer lugar, aseguramiento de propiedades, garantizando cobertura —continente y contenido— en zonas expuestas para facilitar indemnizaciones rápidas en caso de erupción. En cuarto lugar, correcta inscripción en Catastro y Registro, manteniendo los inmuebles debidamente identificados y asegurando información objetiva sobre el nivel de peligrosidad volcánica. En quinto lugar, actualización de planes de emergencia, revisando los planes municipales e insulares, incluyendo datos actualizados sobre población vulnerable, animales, infraestructuras críticas y vías de evacuación, así como canales de comunicación directa con evacuados. En sexto lugar, planificación territorial actualizada, adecuando los planes de ordenación para reflejar la realidad del riesgo volcánico y facilitar eventuales procesos de reconstrucción. En séptimo lugar, protección de animales, garantizando su inscripción oficial y previendo espacios adecuados para su alojamiento temporal durante la emergencia. Y, por último, el desarrollo integral de la Ley de Volcanes, impulsando plenamente esta norma para asegurar apoyo psicológico, jurídico y material a las personas afectadas, procedimientos ágiles, participación efectiva y una reconstrucción sin dilaciones indebidas.

Las asociaciones concluyen que la erupción del Tajogaite fue “una catástrofe de la que debemos y podemos aprender para no tropezar dos veces en la misma piedra”, insistiendo en que la prevención no implica alarmismo, sino responsabilidad.