Con esta opinión quiero abrir una serie de artículos donde argumento mi rechazo a la pretensión de delimitar las zonas cautelares del volcán, la llamada zona roja, como espacio protegido. Sé que es una reflexión compleja pero necesaria. Por ello, deseo aportar mi visión personal para su valoración y debate. Una reflexión con la que pretendo romper un paradigma sobre la conservación y los espacios naturales que se quiere aplicar a una catástrofe natural y humanitaria, como ha sido el volcán de La Palma.

La “zona roja” y su encaje legal

El Decreto-ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite, ya definía una zona de las coladas y el cono que pasó a denominarse “zonas sujetas a medidas cautelares”. Zonas donde, “por la posible concurrencia de valores geomorfológicos, no será posible la realización de actuaciones de recuperación hasta que mediante Orden de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos se inicie el procedimiento de declaración de espacio natural protegido”.

Posteriormente, el Decreto-ley se convirtió en la Ley 2/2024, que recoge prácticamente el mismo contenido. En los mapas anexos, estas zonas aparecen en color rojo. De ahí su denominación popular como “zona roja”. Aunque su superficie no se especifica con claridad en la ley, recientemente la Consejería de Política Territorial ha señalado que serán 312 hectáreas las que se protegerán.

Según el Gobierno canario, a finales de febrero saldrá a información pública “la delimitación del espacio natural protegido del cono y las fajanas del volcán Tajogaite”.

Ausencia de participación y propiedad privada

Las personas afectadas y la población del Valle volvemos a vivir un nuevo episodio de desprecio hacia el marco participativo, con la no convocatoria del Consejo Sectorial para la Reconstrucción. Indudablemente, al Gobierno canario, con la complicidad del Cabildo y los ayuntamientos del Valle, no les interesa la participación ciudadana.

El propio consejero ha reconocido que el suelo afectado es privado, incluyendo elementos geomorfológicos como los tubos volcánicos. Sin embargo, nunca se han dirigido formalmente a sus propietarios, que viven en la incertidumbre sobre el futuro de sus bienes, aunque hoy estén cubiertos por coladas.

El régimen de protección condenaría este suelo a “dejarlo como el volcán ha decidido”. Es decir, impedir cualquier posibilidad de recuperación. Se adopta sin matices la visión geológica impulsada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), cuyos informes, por cierto, no han sido presentados públicamente a la sociedad palmera.

Un conflicto de narrativas

Desde mi punto de vista, nos enfrentamos a un conflicto de narrativas sobre el territorio:

• La narrativa geológica, que contempla el campo de coladas como un laboratorio natural, una maravilla litosférica.

• La narrativa antropológica, que pone en el centro las vivencias, la memoria, el impacto social y la pérdida de hábitat.

Pongamos un ejemplo: la iglesia de Todoque. Para un geólogo, su caída es un dato sobre la viscosidad de la lava; para los vecinos, fue la caída de su centro espiritual y social.

El nuevo malpaís no es un paisaje prístino. Se formó en 85 días arrasando terrenos antropizados. Debajo de la roca basáltica negra yace una capa densa de cultura humana: huertas, viviendas, patios donde jugaban niños y niñas, redes vecinales. No es tierra virgen: es un palimpsesto.

Proteger la colada como “suelo natural” supone, a mi juicio, una segunda invisibilización. Primero, el volcán invisibilizó físicamente la vida de cientos de personas; después, la Administración corre el riesgo de invisibilizar su memoria y su derecho de propiedad.

La solastalgia y el duelo del paisaje

En ecología humana se habla de solastalgia: la angustia que produce el cambio medioambiental en quienes viven profundamente vinculados a su territorio. En barrios como El Paraíso, Alcalá o Los Campitos no se perdió solo una vivienda; se borró un lugar en el mundo.

La protección integral puede convertirse en una patrimonialización científica donde, implícitamente, la curiosidad geológica pese más que el duelo social. Desde el inicio de la crisis, con la activación del Plan de Protección Civil y Atención en Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), se ha impuesto una gestión técnica que, en mi opinión, ha descuidado los principios de la geoética y la dimensión humana del territorio.

¿Otra alternativa?

Decir no a la protección estricta no es negar el valor del volcán. Es plantear otra mirada. En próximos artículos profundizaré en alternativas posibles. Solo adelanto una propuesta: declarar el espacio como Paisaje Cultural Catastrófico, apoyándonos en los principios del Convenio Europeo del Paisaje, que reconoce que el valor del territorio no reside únicamente en su geología, sino también en la memoria, la identidad y el uso social de quienes lo habitan.

Porque el territorio no es solo lava solidificada. Es historia, cultura y duelo. Y cualquier decisión sobre la “zona roja” debe integrar, antes que nada, la voz de quienes perdieron allí su lugar en el mundo.