Representantes legales del personal del Cabildo Insular de Fuerteventura han denunciado públicamente la negativa de la Administración a resolver una petición formal presentada el pasado 18 de diciembre de 2025 ante la Secretaría de Estado de Función Pública. Dicha solicitud, ejercitada al amparo del derecho fundamental de petición (art. 29 CE), reclama un pronunciamiento institucional y la revisión normativa del Real Decreto-Ley 8/2010, que recortó las pagas extraordinarias del personal público en el contexto de la crisis económica de 2010.
Hasta el momento, la Administración no ha emitido resolución alguna ni ha ofrecido un informe oficial. En su lugar, ha remitido un escueto correo electrónico, sin firma, motivación jurídica ni decisión administrativa, en el que simplemente se afirma que «no asesora a particulares». Esta actuación, denuncian los representantes, vulnera el deber constitucional de dar una respuesta expresa, motivada y material a una petición ciudadana.
«El Tribunal Constitucional ha sido claro: responder sin responder equivale a no responder», señalan los portavoces del personal. Además, consideran que el Real Decreto-Ley 8/2010 ha quedado desfasado, al tratarse de una norma excepcional que hoy carece de causa habilitante. «Su mantenimiento sin pronunciamiento oficial supone una forma de arbitrariedad normativa que vulnera el artículo 9.3 de la Constitución», afirman.
Por ello, el personal del Cabildo exige:
- La derogación efectiva de los preceptos del RD-Ley 8/2010 que afectan a las pagas extras.
- La restitución de derechos y cantidades detraídas indebidamente.
- Una resolución inmediata y motivada por parte de la Administración, tal como exige la Constitución.
«La negativa a resolver no es una opción administrativa; es una infracción constitucional. Y persistir en ella, una vez advertidos, implica una decisión consciente», concluyen los representantes.
Desde el Cabildo Insular de Fuerteventura se insta a las autoridades competentes a atender esta petición con la seriedad y el respeto institucional que exige el marco constitucional vigente.
