Los rectores de las universidades canarias han puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios las razones que les motivaron a dirigirse al Defensor del Pueblo. “Deseamos subrayar que esta decisión no pretende cuestionar en ningún momento la legitimidad y el buen hacer del Parlamento de Canarias para legislar dentro de sus competencias ni la relevancia de los Consejos Sociales como órganos esenciales de participación de la sociedad en la universidad. Las universidades públicas canarias mantenemos con ellos una relación leal y colaborativa, plenamente conscientes del papel que desempeñan en la supervisión y transparencia del sistema universitario”, señala no obstante el documento.

Entre las cuestiones que desde un punto de vista técnico requieren aclaración por parte de las universidades figura la atribución al Consejo Social de funciones decisorias o informes previos vinculantes que exceden su naturaleza como órgano de participación social.

Igualmente, la creación de estructuras y procedimientos que podrían situarse por encima de los órganos de gobierno universitario, así como la introducción de autorizaciones previas en materia económico presupuestaria, que afectan a la planificación financiera y a la agilidad en la ejecución de proyectos docentes, de investigación e infraestructuras.

En el mismo sentido, algunas disposiciones parecerían entrar en posible colisión con la normativa básica estatal sobre organización universitaria, distribución de competencias y régimen del personal, lo que aconseja solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que aporte seguridad jurídica al conjunto del sistema.

“Queremos reiterar” –señalan los rectores- “que esta actuación no altera nuestra voluntad de diálogo ni nuestra colaboración con los Consejos Sociales, con el Parlamento de Canarias y con el Gobierno de Canarias. Las universidades públicas canarias continuaremos trabajando con lealtad institucional y al servicio de la sociedad, acatando plenamente la legislación vigente y, llegado el momento, la resolución que adopte el Tribunal Constitucional”, concluye el texto, quedando a disposición de los parlamentarios para cualquier aclaración.