La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González, intervino en el Pleno del Parlamento de Canarias para abordar la situación del reconocimiento de la situación de dependencia en Canarias, en la que se ha logrado simplificar la burocracia para el acceso a la prestación de servicios, gracias a la aplicación del Decreto 46/2025, de 21 de abril.

Durante su intervención, la parlamentaria ha puesto en valor las actuaciones del Ejecutivo autonómico en esta materia, e hizo hincapié en la mejora de los principales indicadores de la gestión del sistema de la atención a la dependencia, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Según detalló Jana González, Canarias encabeza en 2025 el porcentaje de resoluciones tramitadas para personas beneficiarias con derecho a prestación, alcanzando el 29,4%, frente a una media estatal del 8,8%. En lo que va de año, se ha reconocido este derecho a 67.055 personas en el archipiélago, 25.287 más que en 2022, cuando la cifra se situó en 41.768 beneficiarias.

En cuanto a la resolución del Programa Individual de Atención (PÍA) se tramitó para 63.684 personas beneficiarias. Este dato sitúa al archipiélago también a la cabeza de las comunidades autónomas más diligentes en el reconocimiento del derecho a la dependencia, seguida de Galicia, Andalucía y Murcia. La tasa de variación en Canarias es del 43’8% cuando la media estatal es del 10’3%.

Además, la diputada especificó que, en el último año de la pasada legislatura, la cifra se estableció en 34.697 resoluciones PÍA. “Ahora se tramitan 28.987 más”, agregó. También la prestación efectiva ha evolucionado para 2025, con 46.827 personas beneficiarias, lo que duplica casi la cifra con respecto a 2022, donde fue de 27.530 receptoras. La tasa de variación de Canarias para este indicador es del 27’6% frente a la media estatal que es del 9’4%.

Para Jana González, esta mejora responde al trabajo constante realizado por el Gobierno de Canarias, especialmente en la simplificación de los trámites administrativos. Esto se ha traducido “en un beneficio directo para las personas dependientes, que ya no tienen que esperar cuatro años para ver reconocido su derecho”, destacó la diputada.

Los tiempos de resolución ha experimentado una reducción significativa, según el IMSERSO. En 2022 la demora alcanzaba los 977 días; en 2023 se tardaba 647 y en 2025 se sitúa en 439 días. “Se ha conseguido recortar 208 días”, subrayó Jana González. No obstante, la diputada insistió en la necesidad de seguir avanzando “para alcanzar el plazo de seis meses establecido en la ley”.

En Canarias, el 41’71% de personas dependientes, son mayores de 80 años. “La diferencia, es que ahora el 92’65% fallecen con prestación reconocida y el 7’35% pendientes de recibir una prestación”, apuntó la diputada. Asimismo, la parlamentaria nacionalista valoró la mejora de la lista de espera del archipiélago. “En 2022 era de 19.345 personas, en 2023, de 18.601; y en 2025 se ha reducido hasta 6.106 personas”.

Por otro lado, Jana González Alonso ha criticado que durante la legislatura pasada se ordenara a las trabajadoras sociales del servicio priorizar la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar. “El reto es llegar a las menos PECEF posibles”, sentenció.

Jana González incidió en que todavía “quedan muchos retos que mejorar y garantizar los servicios para que lleguen de manera equitativa a todas las islas”. Señaló la necesidad de reforzar la gestión de teleasistencia avanzada, o los servicios y la ayuda especializada a domicilio.

Además, también ha insistido en la importancia de cubrir el coste real de las plazas asistenciales para los Cabildos insulares, algo que se refleja en los nuevos convenios con estas instituciones, de forma que los costes se actualicen de cara al 2026, años que ya cuenta con partidas presupuestarias.

La diputada nacionalista argumentó que todo ello será posible “siempre que todas las administraciones asuman su responsabilidad”. En este sentido, cuestionó la falta de compromiso del Gobierno del Estado español con la creación de nuevos convenios que reconozcan el trabajo realizado en Canarias y aumenten la financiación conforme a lo establecido por la ley.