La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Jana González Alonso, intervino en el Pleno del Parlamento de Canarias, para abordar los avances tras la aplicación del Decreto Ley 4/2025, de 29 de julio, por el cual se adoptaba la simplificación del procedimiento para el reconocimiento de grado de discapacidad. “La gestión de la discapacidad da un giro importante en Canarias, ahora la administración está al servicio de las personas y no al revés”, subrayó la diputada.

En este sentido, destacó que el reconocimiento de la discapacidad es la puerta de acceso “a muchos derechos y medidas de acción positiva en favor de las personas que la tienen su discapacidad reconocida”. Entre ellos, subrayó el acceso a un empleo, la educación adaptada o la adquisición de la tarjeta de aparcamiento, que contribuyen a “promover la independencia de cualquier persona con discapacidad de forma igualitaria al resto de la sociedad”.

La diputada majorera incidió en que la queja más recurrente, según el informe de la Diputación del Común, era el retraso en la tramitación para el reconocimiento del grado de discapacidad. “La normativa establecía un plazo máximo de tres meses; sin embargo, en Canarias el proceso podía prolongarse más de cuatro o cinco años, con listas de espera interminables para lograr el reconocimiento”, señaló.

En contraposición, la diputada puso en valor los avances logrados durante el presente mandato, destacando la creación de la Dirección General de Discapacidad, concebida para atender de forma específica y exclusiva esta materia y dar una respuesta más ágil y eficaz a las personas con discapacidad.

Entre las medidas impulsadas en esta legislatura, la diputada sobresalió la mejora en la gestión en discapacidad tras la aplicación del nuevo decreto, que ha permitido ganar eficiencia mediante la valoración automática. Gracias a este avance, las personas con determinadas patologías y con informe médico del Servicio Canario de Salud pueden utilizar dicha valoración para la tramitación y el reconocimiento del grado de discapacidad.

“Esto ha hecho posible que determinadas patologías se acrediten de forma automática con los grados del 33, 65 o 75% de discapacidad”, explicó Jana González. Asimismo, subrayó que también se ha priorizado a los menores de edad, facilitando la adaptación de su educación para garantizar el éxito escolar. “Estamos protegiendo a las personas con mayor vulnerabilidad”, concluyó.

Durante su discurso, la parlamentaria destacó la creación de un sistema de valoración propio e independiente en islas como Fuerteventura y Lanzarote, en coordinación con los Cabildos insulares. Esta medida ha permitido reforzar los recursos humanos y dar respuesta a la falta de personal. “Algo que ya ha dado resultado en islas como Lanzarote y La Graciosa, donde la lista de espera cero”, enfatizó Jana González.

En el caso de El Hierro, La Palma y La Gomera, se ha puesto en marcha un sistema de valoración itinerante que evita los desplazamientos de las personas solicitantes. Por su parte, en las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, se han registrado avances en la reducción de los tiempos de tramitación de la dependencia, que prácticamente se han reducido a la mitad. En Gran Canaria, se pasó de 2.739 resoluciones en 2023 a 6.870 en 2025, mientras que en Tenerife las resoluciones aumentaron de 2.286 a 7.893 en el mismo periodo.

En este sentido, Jana González subrayó que se está trabajando “de forma equitativa, para que todas las islas avancen al mismo ritmo y se construya una Canarias de islas iguales”. Asimismo, la diputada nacionalista valoró positivamente la consecución de la tarjeta acreditativa del grado, lo cual fue un compromiso cumplido por el Gobierno de Canarias, para favorecer la digitalización y disminuir la brecha digital, y sobre todo para “promover una vida más independiente e inclusiva para las personas con discapacidad dentro de la sociedad canaria”.

En su intervención, Jana González Alonso consideró también la mejora servicios para las personas con discapacidad tras la firma de el nuevo convenio con los cabildos insulares, destinado a la prestación de los servicios de dependencia y discapacidad en cada isla. Además, resaltó también que el Gobierno de Canarias asume el coste total de los servicios, “sufragando los costes que corresponde a cada isla, con datos ciertos, haciendo frente a la inflación y los sobre costes de los servicios de islas no capitalinas”, añadió.

Por último, calificó como un hitó histórico la ampliación de plazas en dependencia y en discapacidad, gracias a la ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. “Prometimos y cumplimos. Ha merecido la pena reforzar la estructura de la Consejería para consolidar un sistema de reconocimiento de la discapacidad ajustado a lo que establece la ley”, concluyó.