Durante un intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión Europea sobre la aplicación de este instrumento, Mato subrayó que “cuando todo un sector se moviliza porque considera que la norma es inviable, los legisladores tenemos la obligación de escuchar”. En este sentido, recordó que el sector pesquero español fue a la huelga tras la entrada en vigor de las nuevas exigencias de control, una señal que, a su juicio, “no puede ser ignorada”.
El eurodiputado defendió que la política de control debe respetar los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y viabilidad operativa. “Si imponemos obligaciones que los operadores no pueden cumplir de manera realista, no solo ponemos en riesgo al sector, sino también nuestra propia credibilidad como responsables políticos”, afirmó.
Aseguró que la digitalización puede contribuir a reducir cargas administrativas, pero advirtió de que “digitalizar no es sinónimo de simplificar”. A su juicio, el Reglamento revisado ha introducido obligaciones gravosas y, en muchos casos, poco realistas, particularmente para la pesca artesanal.
Entre las principales preocupaciones del sector señaló la exigencia de comunicar cada captura con una precisión extrema y la obligación de estimar con exactitud el peso por especie desde el primer kilogramo. “Estamos hablando de requisitos que no reflejan la realidad operativa de muchas flotas y que pueden acarrear sanciones severas incluso por pequeños errores involuntarios”, explicó.
En relación con la trazabilidad digital y el certificado CATCH, el eurodiputado reiteró su apoyo a los sistemas sin papel y a la lucha contra el fraude y las importaciones ilegales. Sin embargo, advirtió de que la implementación actual “es prematura y presenta deficiencias técnicas que generan incertidumbre y elevan los riesgos de cumplimiento para los operadores”.
Asimismo, mostró su preocupación por determinadas disposiciones de ejecución, como el pesaje en el mar o las interpretaciones restrictivas del margen de tolerancia. “Estas medidas no refuerzan el control; lo que hacen es dificultar el cumplimiento y aumentar la inseguridad jurídica”, señaló.
El eurodiputado insistió en que los actos de ejecución y la legislación pesquera deben desarrollarse de forma progresiva y en diálogo estructurado con el sector. “Los pescadores conocen la realidad sobre el terreno. Ignorar su experiencia conduce a normas que pueden parecer coherentes en el papel, pero que fracasan en la práctica”, afirmó.
Por último, defendió que, si fuera necesario, debería abordarse una revisión específica de determinadas disposiciones del Reglamento mediante una iniciativa legislativa de tipo ómnibus. “La pesca no puede seguir siendo el sector olvidado de la simplificación normativa en la Unión Europea. Necesitamos reglas claras, coherentes y proporcionadas que garanticen el control, pero también la viabilidad económica de nuestras flotas”, concluyó.
