Los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Oswaldo Betancort y Lola García, han hecho público un manifiesto conjunto en el que expresan su oposición al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) promovido por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

Ambas instituciones consideran que la filosofía que sustenta estas zonas —orientada a agilizar los procedimientos administrativos para la implantación de proyectos energéticos— resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de ambas islas. En este sentido, advierten de que la delimitación inicial de estas áreas ha generado una creciente preocupación social, al percibirse como una posible puerta a la instalación masiva de infraestructuras energéticas en suelo rústico.

Los cabildos recuerdan que tanto Lanzarote como Fuerteventura han construido su modelo de desarrollo en torno a la protección de su territorio y de su paisaje, valores que además forman parte de su identidad y de su principal atractivo ambiental, cultural y económico.

Defensa del territorio y del paisaje

En el manifiesto, ambas instituciones subrayan que las dos islas comparten una conciencia ambiental profundamente arraigada tras décadas de políticas públicas orientadas a la preservación del territorio. Lanzarote y Fuerteventura, además, cuentan con el reconocimiento internacional como Reservas de la Biosfera, lo que refuerza la necesidad de proteger su patrimonio natural y paisajístico.

Por ello, los cabildos consideran que la transición energética es necesaria, pero advierten de que no puede desarrollarse a costa de la degradación del territorio. En consecuencia, defienden que cualquier implantación de energías renovables debe priorizar, en primer lugar, el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes.

En esta línea, recuerdan que la normativa autonómica vigente ya establece la priorización de instalaciones renovables en cubiertas y edificaciones. Concretamente, la Ley 11/1997 de Regulación del Sector Eléctrico Canario, tras su última actualización, incorpora la obligación de instalar sistemas fotovoltaicos en edificaciones de nueva planta o sometidas a reformas integrales, además de fomentar su implantación en edificios ya existentes.

Petición de evaluación ambiental y mayor control insular

Asimismo, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han mostrado su preocupación por el decreto aprobado en enero de 2026 por el Gobierno de Canarias que elimina la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables.

Ambas instituciones consideran que esta medida supone un retroceso en las garantías de protección del territorio, especialmente en espacios insulares con alta sensibilidad ambiental y paisajística. Por este motivo, solicitan al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos que se desarrollen dentro de estas zonas.

Del mismo modo, defienden que los cabildos insulares deben recuperar su capacidad de decisión en la planificación energética del territorio. En consecuencia, reclaman que sean las instituciones insulares quienes tengan la última palabra en la autorización territorial de proyectos de energías renovables.

Finalmente, Lanzarote y Fuerteventura reiteran su compromiso con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, insisten en que este proceso debe desarrollarse con respeto absoluto al territorio, a la planificación insular y a la voluntad de la ciudadanía.