El XV Canario de Derecho Urbanístico, organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur), concluyó que Canarias necesita un pacto urbano, que combine vivienda asequible, sostenibilidad, turismo responsable y seguridad jurídica para garantizar el derecho a habitar las islas. Así lo reivindicaron juristas, economistas, arquitectos y representantes públicos durante las tres jornadas celebradas en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el epicentro de un debate sobre el futuro urbano de las islas.

Bajo el lema ‘Ciudades del siglo XXI’, el encuentro abordó la crisis de acceso a la vivienda, la presión del turismo sobre el suelo residencial, el solapamiento normativo y la necesidad de un planeamiento adaptado a la realidad social y territorial de las islas. La inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y representantes insulares y autonómicos, que coincidieron en que “la vivienda es el nuevo eje del derecho a la ciudad”.

Vivienda pública y modelo urbano 

La primera jornada puso de relieve la insuficiencia del parque público de vivienda en España, donde apenas alcanza el 2,5%, frente al 20% de ciudades europeas como Viena. Los expertos reclamaron una estrategia sostenida para ampliar la vivienda asequible y pública, y defendieron la planificación urbana como herramienta de cohesión social.

El abogado Enrique Bueso advirtió que “destinar un tercio de los ingresos familiares al pago de la vivienda sitúa a muchas familias al borde de la exclusión”. Por su parte, la jurista Dolors Clavell recordó que la declaración de zonas tensionadas “no puede ser la única solución”, mientras que el arquitecto Gerardo Roger Fernández calificó de “desastrosa” la política de vivienda de las últimas décadas.

La referencia internacional vino de la mano del investigador austríaco Alexis Mundt, quien destacó el modelo vienés por su “mezcla social y planificación a largo plazo”, una estrategia que, dijo, “evita guetos y garantiza el acceso igualitario a la vivienda”.

Turismo y vivienda vacacional: un conflicto de usos 

La segunda jornada giró en torno a la relación entre turismo y vivienda, una de las mayores tensiones urbanas en Canarias. Los expertos coincidieron en que el crecimiento del turismo y la expansión del alquiler vacacional han alterado el uso del suelo y elevado los precios hasta niveles inasumibles.

El economista Antonio Garzón calificó la situación como “un cóctel letal” entre la falta de suelo, la Ley de Vivienda de 2023 y la expansión del uso vacacional. En la misma línea, la abogada María José Estrada reclamó “una ordenación clara del suelo residencial frente al turístico”, mientras que el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, reconoció que “encontrar una vivienda por menos de mil euros es casi imposible en algunas zonas del archipiélago”.

Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno, defendió una “vivienda vacacional controlada, registrada y de calidad”, y planteó aplicar una tasa turística finalista que permita financiar nuevas promociones de vivienda pública.

Jurisprudencia, seguridad jurídica y especialización

La jornada de clausura reunió a magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abordaron las últimas sentencias en materia de vivienda vacacional y ordenación territorial. El magistrado Evaristo González, cuestionó si “existe realmente un derecho fundamental a explotar viviendas vacacionales”, recordando que “no cumplen una función social y agravan la crisis habitacional”.

Por su parte, el magistrado Wenceslao Olea Godoy subrayó la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la aplicación de convenios urbanísticos y evitar los errores del pasado.
La catedrática Marta Lora-Tamayo alertó del “solapamiento normativo” entre instituciones, que “genera enorme inseguridad jurídica”, y defendió una clarificación competencial para mejorar la eficacia del planeamiento. En paralelo, el catedrático de la ULPGC Manuel Jesús Sarmiento recordó que la emergencia habitacional “debe acotarse y definirse jurídicamente” para dotarla de un marco de actuación claro y temporal.

El congreso concluyó con un llamamiento a la formación y especialización en urbanismo como clave para aplicar con rigor las leyes y promover un desarrollo territorial sostenible. “No sirve de nada tener normas si no se saben aplicar”, recordó el fundador de Acadur, Juan José Santana Rodríguez, que abogó por un urbanismo “al servicio de la vida y del territorio”.

Un foro de consenso para un nuevo pacto urbano

El vicepresidente de Acadur, Ángel Lobo y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, clausuraron el encuentro destacando que “el urbanismo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas”. Rodríguez anunció además la próxima construcción de más de dos mil viviendas públicas como parte de una estrategia para revertir la emergencia habitacional.

Con una participación récord y el respaldo académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el XV Congreso Canario de Derecho Urbanístico reafirmó su papel como foro de reflexión y propuesta. asumiendo que actualmente Canarias debe afrontar de forma inmediata la emergencia habitacional y regular el uso de la vivienda vacacional para recuperar el equilibrio entre el derecho a habitar y el desarrollo turístico.

En la clausura hubo también un sentido homenaje para recordar a Eduardo Cáceres Morales, Federico García Barba y Fernando Senante Mascareño, referentes del urbanismo y la ordenación territorial en Canarias, fallecidos recientemente.