El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (Coalición Canaria), ha logrado el apoyo del Pleno del Parlamento de Canarias a una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Estado a actuar de manera inmediata ante la situación del personal penitenciario y de los centros penitenciarios del Archipiélago.

La iniciativa, defendida por la diputada del Grupo Nacionalista, Vidina Espino, tiene como objetivo mejorar la seguridad, la estabilidad laboral y la calidad del servicio penitenciario en Canarias, “garantizando condiciones dignas tanto para los trabajadores como para las personas internas”.

Uno de los ejes centrales de la PNL es el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo. Según Espino, pese a desempeñar una labor de alta complejidad y riesgo, “los trabajadores penitenciarios carecen de una protección jurídica adecuada frente a agresiones o amenazas”. “Este reconocimiento reforzaría su autoridad y seguridad”, añadió la diputada de Coalición Canaria.

Los nacionalistas también reclaman la actualización de indemnización por residencia, “congelada en Canarias desde hace más de 18 años”. Esta situación, unida al mayor coste de vida y la lejanía con respecto a la Península, provoca una elevada rotación del personal, dificulta la consolidación de equipos y supone una pérdida de experiencia en los centros. En este sentido, la PNL propone una actualización equivalente a la aplicada en otros cuerpos estatales como jueces y fiscales.

Otro de los problemas que señala la PNL es la insuficiencia de plantillas y una Relación de Puestos de Trabajo obsoleta, “especialmente grave en centros como Las Palmas II, donde el número de internos ha aumentado de forma considerable sin que se haya incrementado el personal”, explicó la Vidina Espino. Según relató, esta falta de recursos humanos genera sobrecarga laboral, tensión constante y mayores dificultades para garantizar la seguridad y la convivencia, además de afectar directamente a la atención y los programas de reinserción de las personas internas.

La iniciativa nacionalista aborda asimismo la carencia de un sistema estable de traslados judiciales y sanitarios, que actualmente dependen de los medios disponibles de la Guardia Civil. Esta situación provoca suspensiones de comparecencias, cancelaciones de consultas médicas e incluso interrupciones de intervenciones quirúrgicas, por lo que se solicita una dotación específica y personal dedicado a estas conducciones.

En materia sanitaria, la PNL denuncia que la atención médica en las prisiones canarias es claramente insuficiente, sin garantizar una cobertura continuada ni atención especializada adecuada.

Asimismo, la propuesta exige un compromiso firme y concreto para la reforma integral del Centro Penitenciario Tenerife II, cuya ejecución se ha ido posponiendo año tras año.

La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista insistió en que esta Proposición No de Ley “es una llamada urgente a la acción”. Por ello, solicitó al Gobierno de Canarias que inste al Gobierno de España a adoptar estas medidas “con seriedad y urgencia”, Según la diputada Vidina Espino, “defender a quienes trabajan en las prisiones es defender la seguridad pública, los derechos laborales y también.