La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo Insular de Fuerteventura ha presentado este jueves un escrito ante la Secretaría de Estado de Función Pública solicitando la derogación del Real Decreto-Ley 8/2010, que desde hace 15 años mantiene recortadas las pagas extraordinarias del personal del sector público.

A través del ejercicio del derecho fundamental de petición, amparado en el artículo 29 de la Constitución Española, los órganos de representación insular reclaman el fin de una medida que califican de «injusta, sin soporte jurídico y vacía de contenido». El citado decreto, aprobado en 2010 como medida excepcional para reducir el déficit público en un contexto de crisis económica, supuso la reducción de las pagas extraordinarias para todos los empleados del sector público. Según denuncian desde el Cabildo, esta reducción temporal se ha convertido en una medida estructural «sin razón ni justificacion actual».

Con la próxima paga extraordinaria de diciembre, ya suman 31 pagas reducidas desde 2010, incumpliendo el artículo 22.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que las pagas extraordinarias deben ser «del importe de una mensualidad de retribuciones básicas y la totalidad de las retribuciones complementarias».

Tres millones de empleados afectados

La medida afecta a la totalidad del personal del sector público: desde docentes y sanitarios hasta fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales, personal de la Administración de Justicia, y empleados de comunidades autónomas, corporaciones locales, universidades, Seguridad Social y Administración Tributaria. En total, más de 3 millones de empleados públicos, de los cuales 594.934 pertenecen al ámbito local, incluyendo Cabildos, Ayuntamientos, Consejos Insulares y Diputaciones.

Reivindicación histórica del personal del Cabildo

Desde el Cabildo de Fuerteventura ya se han remitido cinco reclamaciones a la Secretaría de Estado (en 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025), sin que la Administración Central haya dado una respuesta efectiva. Según las contestaciones oficiales, esta cuestión «no ha sido abordada en el marco de la negociación colectiva».

Al no contemplarse esta demanda en el reciente acuerdo retributivo 2025-2028 de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, los órganos de representación del Cabildo han decidido dar un paso adelante.

Demanda de derogación inmediata

En su escrito, exigen «la derogación inmediata, efectiva y sin dilaciones del Real Decreto-Ley 8/2010» al haber desaparecido totalmente las circunstancias excepcionales que motivaron su aprobación. Además, instan a que se dicte una respuesta expresa y motivada que evite el silencio administrativo y reconozca que dicha norma ha perdido su vigencia jurídica y no puede seguir afectando a las retribuciones del personal.

Finalmente, alertan de que las demandas judiciales presentadas por colectivos como sanitarios y docentes no han prosperado porque el Real Decreto-Ley sigue vigente, por lo que resulta imprescindible su derogación para restituir los derechos salariales de todos los empleados públicos del Estado.