El diputado de Coalición Canaria José Manuel Bermúdez, ha señalado hoy en el Parlamento de Canarias que “el dinero que está parado en los bancos pudiendo estar en los barrios, en las casas y en las familias es un fracaso del sistema”.

Bermúdez se expresó así durante su defensa de la PNL presentada por el nacionalista para instar al Gobierno del Estado a modificar el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

La iniciativa, que obtuvo el respaldo de la Cámara, a excepción de VOX, persigue que los ayuntamientos con las cuentas saneadas puedan destinar su superávit y remanente a políticas sociales, vivienda pública y mejoras en los servicios esenciales.

Bermúdez celebró la aprobación de la propuesta y recordó que la actual legislación “está generando un efecto perverso: castiga justo a los ayuntamientos que mejor gestionan”. En este sentido, subrayó que municipios como Santa Cruz de Tenerife han tenido que destinar este año 37 millones de euros al pago anticipado de deuda bancaria “en una ciudad con estabilidad presupuestaria, endeudamiento mínimo y capacidad inversora”.

Además, hizo hincapié en que los datos del Ministerio de Hacienda, correspondientes al cierre de 2023, confirman que las corporaciones locales canarias tienen “unas cuentas sólidas y con margen de actuación”.

Así, destacó que los ayuntamientos canarios registraron un remanente de tesorería de 1.967 millones de euros, y los cabildos, 962 millones, mientras que la deuda viva de los municipios canarios supone apenas el 6,19% de sus ingresos corrientes y, el superávit en operaciones no financieras alcanza el 6,73%.

“A pesar de ello”, señaló, “la Ley de Estabilidad Presupuestaria no distingue entre quien hace las cosas bien y quien no, y eso nos hace menos eficientes y menos útiles, pervirtiendo la esencia misma del servicio público”.

El diputado nacionalista explicó que esos recursos “podrían estar reforzando los servicios sociales, apoyando a las familias vulnerables o impulsando vivienda pública, una de las grandes urgencias sociales de Canarias agravada por una Ley de Vivienda estatal ineficaz”.

Asimismo, argumentó que la modificación del artículo 32 “no es una reivindicación solo de Coalición Canaria, sino también de la FEMP, la AIReF y el Banco de España”.

Bermúdez insistió en que esta reforma legislativa “no compromete la estabilidad presupuestaria del Estado, pero sí garantiza la estabilidad vital de miles de familias”. Además, señaló que permitir que los ayuntamientos que cumplen destinen su superávit a inversiones útiles “no es gastar más, es gastar mejor, y hacerlo donde de verdad se necesita”.

“No se puede gobernar en 2025 con las reglas de 2012”, afirmó durante su intervención, apelando a adaptar el marco normativo a las necesidades actuales.

Bermúdez agradeció el respaldo del Parlamento a la iniciativa y concluyó que “esta PNL no busca privilegios, sino equidad, autonomía municipal y sentido común. Que quien ha cumplido pueda invertir en su gente”.