Vidina Espino afirma que la comisión de investigación concluye que existió una intervención política directa en varias contrataciones realizadas durante la pandemia.
El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario defendió en el Parlamento el dictamen del caso mascarillas en Canarias, elaborado por la Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. La diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, aseguró que las conclusiones evidencian una intervención política directa en varias contrataciones y plantean reforzar los controles en la contratación pública.
La parlamentaria explicó que el objetivo de la comisión ha sido aclarar la gestión de los fondos públicos durante la emergencia sanitaria. También quiso reconocer el trabajo realizado por el personal sanitario y por todos los profesionales que mantuvieron los servicios públicos durante la pandemia.
El dictamen del caso mascarillas en Canarias apunta a una intervención política
Vidina Espino afirmó que las conclusiones desmontan la idea de que todas las decisiones fueran exclusivamente técnicas.
La diputada recordó que la comisión analizó los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab. El volumen de estas contrataciones ronda los 20 millones de euros.
Según el dictamen, las operaciones incluyeron decisiones políticas y advertencias técnicas que no fueron atendidas. Además, algunas actuaciones comprometieron recursos públicos.
Espino señaló que Canarias fue una de las administraciones con mayor volumen de contratación con empresas relacionadas con la organización criminal por la que fueron condenados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.
También recordó que los contratos del Servicio Canario de Salud continúan bajo investigación judicial.
La diputada hizo referencia al informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Según explicó, este documento recoge la participación del entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en las gestiones con Soluciones de Gestión.
Además, aseguró que el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y Antonio Olivera negaron en la comisión una implicación política que, según afirmó, la documentación posterior sí acredita.
Coalición Canaria propone mejorar la transparencia en la contratación pública
Durante su intervención, Espino recordó el denominado caso RR7. Según indicó, este contrato provocó un perjuicio económico de cuatro millones de euros después de que la empresa adjudicataria no entregara el material comprometido.
La diputada también destacó otra de las conclusiones del dictamen. En concreto, señaló la existencia de un supuesto Comité de Gestión que, durante la pandemia, sustituyó a los órganos previstos para adoptar decisiones.
A juicio del Grupo Nacionalista, ese sistema permitió tomar decisiones sin los controles habituales de la Administración.
Espino rechazó que toda la responsabilidad recaiga sobre una única funcionaria. En su opinión, unas contrataciones de esa magnitud requerían la participación de distintos responsables políticos y administrativos.
Por ese motivo, el dictamen incorpora varias recomendaciones para evitar situaciones similares.
Entre ellas figura reforzar los controles en la contratación de emergencia. También propone comprobar la solvencia de las empresas antes de adjudicar contratos.
Asimismo, plantea mejorar la trazabilidad de todas las decisiones. El documento también pide identificar con claridad quién propone cada contratación, quién selecciona al proveedor y quién autoriza finalmente el gasto.
Vidina Espino afirmó que la comisión ha permitido esclarecer hechos que permanecían sin aclarar durante años. Además, sostuvo que el trabajo parlamentario ha servido para fijar responsabilidades políticas.
La diputada concluyó que el principal objetivo del dictamen consiste en fortalecer la transparencia, mejorar los mecanismos de control y garantizar que la contratación pública continúe sometida a supervisión incluso en situaciones de emergencia.
