La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta viable técnica y jurídicamente, que permitiría ampliar los plazos de ejecución de los fondos NEXT extraordinarios vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible, con el objetivo de evitar la pérdida de inversiones ya comprometidas en el archipiélago.

La iniciativa plantea una interpretación jurídica viable que permitiría dar por cumplidos los objetivos europeos antes del 30 de junio de 2026 mediante la concesión de las ayudas, tal y como establecen los reglamentos comunitarios. Para ello, el Ejecutivo autonómico solicita adaptar el Real Decreto de estos fondos para que el cumplimiento del programa quede vinculado al compromiso jurídico del gasto antes de esa fecha y no exclusivamente a la finalización material de los proyectos. De esta forma, los proyectos beneficiarios podrían continuar su ejecución y justificación hasta 2028 a través de otros instrumentos europeos con mayor margen temporal.

El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, explicó que la propuesta “da al Ministerio una vía clara para permitir la ampliación de plazos sin incumplir la normativa europea”.

“Desde el punto de vista jurídico y técnico es perfectamente viable dar por cumplidos los hitos de junio de 2026 con la concesión de las ayudas. A partir de ahí, el dinero ejecutado hasta esa fecha podría financiarse con fondos Next Generation y el resto de proyectos continuar su ejecución con otros fondos europeos con plazos más amplios”, señaló.
En este sentido, Hernández destacó que esta interpretación ya se ha aplicado en otras convocatorias europeas con el mismo objetivo y finalidad y responde además a una petición directa de los propios beneficiarios de las ayudas, que necesitan mayor margen para completar proyectos energéticos complejos. “Solo tienen que modificar el Real Decreto, es una cuestión de voluntad”, afirmó.

La propuesta plantea además que Canarias pueda justificar en plazo el objetivo europeo fijado para el programa —85 megavatios de potencia renovable instalada— antes del 30 de junio de 2026, devolviendo las cantidades sobrantes no concedidas. Al mismo tiempo, permitiría dar continuidad al resto de inversiones actualmente en ejecución, que cuadruplican la potencia inicialmente prevista en el programa.

Desde la Consejería recuerdan que en las últimas semanas el Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio la necesidad de flexibilizar los plazos de estos fondos, ante las dificultades que supone ejecutar en tan corto periodo de tiempo proyectos energéticos que requieren autorizaciones administrativas, ejecución de obra e instalación de infraestructuras. Además, desde el Ejecutivo regional defienden contar con la misma ampliación de plazos con la que ha contado el Ministerio, que ha flexibilizado la estrategia gestionada a nivel estatal hasta 2028, por lo que se debería aplicar ese mismo criterio a los fondos gestionados por Canarias.

Esta solicitud cuenta además con el respaldo del sector energético del archipiélago, así como de las administraciones locales. Tanto la Federación Canaria de Municipios (FECAM) como la Federación Canaria de Islas (FECAI), junto a empresas vinculadas al desarrollo de energías renovables en las islas, han trasladado también la necesidad de ampliar los plazos para garantizar que las inversiones puedan ejecutarse en su totalidad.

El Ejecutivo autonómico insiste en que Canarias no solo está en disposición de cumplir los objetivos europeos establecidos, sino que el volumen de proyectos ya concedidos y en marcha supera ampliamente las metas fijadas inicialmente, por lo que considera imprescindible habilitar mecanismos que permitan culminar estas inversiones estratégicas para el archipiélago sin perder financiación europea.