La fondos energías renovables Canarias pérdida decreto crisis desata una fuerte crítica del Gobierno autonómico. Advierten que el nuevo decreto estatal podría dejar fuera inversiones clave para el futuro energético de las islas.

Canarias vuelve a alzar la voz en plena crisis energética internacional. El director general de Energía, Alberto Hernández, ha advertido de un riesgo grave: la posible pérdida de más de 200 millones de euros en fondos europeos destinados a energías renovables.

El motivo está en el Real Decreto 7/2026 aprobado por el Gobierno de España. Según denuncia el Ejecutivo autonómico, el texto ignora medidas propuestas por Canarias para adaptar los plazos de ejecución de estos fondos.

Estas ayudas están vinculadas a proyectos que podrían generar hasta 100 megavatios de potencia renovable en el archipiélago.

Sin embargo, la falta de flexibilidad en los plazos pone en peligro su ejecución. Esto podría suponer un freno importante a la transición energética en las islas.

Canarias reclama soluciones urgentes al Estado

Desde la Consejería de Transición Ecológica, liderada por Mariano Hernández Zapata, aseguran que la propuesta enviada al Ministerio era viable tanto técnica como jurídicamente.

El planteamiento buscaba ampliar los plazos sin incumplir los objetivos europeos. Además, contaba con el respaldo del sector energético, cabildos y ayuntamientos.

A pesar de ello, el Gobierno central no incluyó estas medidas en el decreto. Una decisión que, según Hernández, demuestra falta de compromiso con el desarrollo de energías limpias en Canarias.

Asimismo, el director general subraya la contradicción del Ejecutivo estatal. Mientras defiende el liderazgo energético en Europa, no adopta medidas clave para territorios insulares.

Críticas políticas y presión por la transición energética

El Gobierno de Canarias también ha señalado la falta de reacción del ministro Ángel Víctor Torres. Consideran llamativo su silencio ante una decisión que afecta directamente al archipiélago.

Recuerdan que Torres conoce las dificultades de ejecutar proyectos energéticos en las islas. Por ello, reclaman mayor implicación en la defensa de estos fondos.

Además, destacan que sin cambios normativos existe un riesgo real de perder inversiones estratégicas. Esto afectaría al desarrollo económico y a la descarbonización.

En consecuencia, Canarias pide una rectificación urgente. El objetivo es evitar que la comunidad quede en desventaja en la transición energética.