La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a las asociaciones Madres Sin Miedo, Somos Uno Más, Con Tu Ayuda Todos Sumaremos y Amararte, denuncian públicamente el grave maltrato institucional que está sufriendo el alumnado con discapacidad en Canarias, tanto en aulas ordinarias como en aulas enclave.

Las entidades y familias alertan de que, de forma reiterada, se están aplicando castigos, sanciones y expulsiones por conductas directamente vinculadas a los diagnósticos y dificultades del alumnado, en lugar de ofrecer los apoyos y ajustes razonables que marca la normativa vigente. Estas prácticas suponen una criminalización de la discapacidad y se están utilizando como mecanismo de presión para forzar cambios en los dictámenes de escolaridad, empujando a niños y niñas hacia modelos cada vez más segregadores.

Las familias relatan vivir bajo una presión constante por parte de los centros educativos: llamadas continuas para retirar a sus hijos del colegio, amenazas de sanciones, retirada de servicios básicos como el comedor escolar y una culpabilización sistemática que las sitúa al límite emocional y laboral. Todo ello se justifica por la condición de discapacidad del alumnado, aplicando reglamentos internos como si estuvieran por encima de la legislación estatal, internacional y de los derechos fundamentales.

Desde la Plataforma y las asociaciones firmantes se recuerda que estas actuaciones son ilegales y vulneran de forma directa el derecho del alumnado con discapacidad a una educación inclusiva, segura y ajustada a sus necesidades reales.

Testimonios que evidencian una realidad sistemática

Los testimonios recogidos por las asociaciones muestran que no se trata de hechos aislados, sino de una realidad reiterada en distintos centros educativos del archipiélago. Familias denuncian expulsiones de menores que no comprenden el castigo debido a su discapacidad, retirada del servicio de comedor “por seguridad”, facturación de supuestos daños materiales, falta absoluta de apoyos durante meses, cuestionamiento injustificado de la capacidad del alumnado para permanecer en aulas ordinarias, agresiones por parte de personal educativo, grabación y difusión de crisis, y presiones para cambiar medicación o aceptar escolarizaciones segregadas.

En varios casos, los menores han demostrado que sí pueden progresar cuando reciben una atención respetuosa y adecuada: al cambiar de centro o contar con profesionales formados, desaparecen los conflictos, mejoran los resultados académicos y se recupera la autoestima y el bienestar emocional.

Las familias coinciden en un mensaje común:

“No pedimos privilegios. Pedimos que se cumpla la ley y que nuestros hijos no sean castigados por su discapacidad.”

Exigencias de las asociaciones

Las asociaciones firmantes exigen:

• El cese inmediato de las prácticas sancionadoras y expulsivas basadas en la discapacidad.

• La activación urgente de apoyos reales, recursos humanos y ajustes razonables en los centros educativos.

• El respeto pleno a los derechos del alumnado con discapacidad y de sus familias.

• Que las familias y entidades representativas sean escuchadas y tenidas en cuenta, especialmente en el desarrollo y aplicación del Decreto de Convivencia.

La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva lleva tiempo denunciando que estas actuaciones suponen un atentado contra los derechos humanos y fundamentales, y que la exclusión de las familias en la elaboración del Decreto de Convivencia ha agravado una situación ya insostenible.

“La inclusión no se castiga.
La inclusión se garantiza.”