En concreto, la polémica se remonta al 11 de junio de 2025, cuando el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, aseguró en el Parlamento autonómico que no se levantaban actas, sino informes posteriores, y que las grabaciones no podían hacerse públicas. Sin embargo, Tierra Bonita desmiente esta versión y afirma tener constancia de documentación oficial redactada por la entonces Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Además, la asociación insiste en que también existen grabaciones de esas reuniones, las cuales —según denuncian— el Ejecutivo sigue sin facilitar a los afectados. Por ello, plantean un dilema directo al consejero: “o mintió, o fue engañado por sus técnicos, o utilizó esa versión para minimizar el impacto político”.

Obligación legal de levantar actas

Por otro lado, el colectivo recuerda que la normativa del PEVOLCA es clara. Su Anexo 8 establece que cada reunión del comité científico debe quedar registrada mediante acta escrita y grabación. En consecuencia, la ausencia de estos documentos supondría un incumplimiento grave del protocolo oficial.

En ese momento, la Dirección General responsable estaba bajo la gestión de Gustavo Armas, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas dirigida entonces por Julio Pérez. Por tanto, Tierra Bonita considera que existe una responsabilidad institucional directa en la custodia y transparencia de estos documentos.

Sospechas sobre la gestión de la emergencia

Asimismo, los afectados sostienen que la falta de acceso a estas actas impide esclarecer decisiones críticas adoptadas antes de la erupción. Entre ellas, destacan la no activación del semáforo volcánico en nivel naranja y la ausencia de evacuaciones preventivas, pese a que —según diversos científicos— la erupción era inminente.

De hecho, declaraciones posteriores de expertos del IGN, INVOLCAN, IEO e IGME apuntaban a que el comité científico manejaba información suficiente sobre el riesgo. Aunque algunos investigadores se han retractado posteriormente, estas contradicciones han incrementado la desconfianza entre los damnificados.

Por ello, Tierra Bonita continúa su batalla en los tribunales para acceder a las grabaciones y actas. Consideran que solo así se podrá aclarar si hubo errores en la gestión de la emergencia que pusieron en riesgo a la población.

Finalmente, el colectivo denuncia una “bochornosa falta de transparencia” tanto del anterior como del actual Gobierno canario, y subraya que conocer la verdad es fundamental para depurar responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.